Más leña al fuego al proceso de interinidad política y de incertidumbres acerca de quiénes formarán gobierno en la Comunidad de Madrid tras las elecciones del pasado 24 de mayo, con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avalando la privatización del Canal de Isabel II. El asunto dará qué hablar.
La sentencia llega tres años después de ser admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE a principios de 2012, en un momento político plagado de confusión, hasta inoportuno dirían algunos. Pero los tiempos jurídicos van por su lado, y dictaminan cuando toca. Y ha tocado ahora.
La sentencia del TC viene a desestimar el recurso y dar la razón a la Comunidad de Madrid que, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, aprobó dicha privatización a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como ‘ley de acompañamiento’ de los presupuestos de 2012.
El artículo 5 de aquella ley, el que fue impugnado, establece la posibilidad de enajenar hasta un máximo del 49% de la empresa pública de suministro de agua a operadores económicos y ciudadanos.
Además de establecer las modificaciones legales que permiten a la Comunidad avanzar en la venta del Canal, la ley de acompañamiento permitía al Canal tomar participaciones de otras empresas. «La nueva sociedad podrá realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de estas sociedades sin necesidad de autorización del Consejo de Gobierno», recogía el texto.
Entonces, hace tres años, la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad se producía días después de que la Asamblea de Madrid rechazara volver a discutir en sede parlamentaria la privatización del Canal.
Coincidiendo con este hecho, en marzo de 2013, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, partidos como IU, sindicatos como CC OO y entidades como Ecologistas en Acción organizaron una consulta popular en la que preguntaron a los ciudadanos si querían que el Canal siguiera siendo cien por cien público. Votaron más de 167.000 personas, según los organizadores, de las que el 99% dijo estar de acuerdo con el carácter público de la empresa de aguas.
El pleno de la Asamblea escuchó las intervenciones a favor de tomar en consideración la ILM del PSOE, IU y UPyD y la intervención en contra, del PP. El diputado popular Enrique Ruiz Escudero aseguraba que para mejorar las infraestructuras del Canal solo hay dos opciones: subir las tarifas o vender.
