Los cerca de 200.000 millones de euros de inversión que se van a requerir en la Unión Europea durante los próximos años de cara a crear un mercado único de la energía que refuerce las interconexiones entre los Estados, vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la viabilidad de un modelo, en un escenario de reducción de la demanda eléctrica y de descentralización de la generación eléctrica, y en el que la apuesta no debería ser el gas que la Unión Europea no tiene.
Una inversión altamente costosa para alcanzar el 10% de capacidad de interconexión entre los Estados miembros, entre líneas de transporte eléctrico de alta tensión y gasoductos, que acabará repercutiendo, como siempre, primero en las empresas y, después, en los clientes finales. Impacto económico y, también, en términos de costes externos en forma de contaminación, residuos, salud, o pérdida de servicios ecosistémicos.
Y todo en un momento de cambio, en que el incremento en los precios de la energía es un efecto del agotamiento progresivo de los combustibles fósiles y del incremento de la demanda mundial, liderado por países como China o India, y en el que el calentamiento global y la reducción de los impactos ambientales, pero también la independencia y la soberanía energéticas, exigen la puesta en marcha de un plan de transición energética.
Entraría aquí de lleno la aplicación del cambio de modelo, del que todo el mundo habla, pero que no acaba de arrancar como alternativa real, el que debe incidir en la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la independencia energética, y la gestión democrática y transparente de un bien común como es la energía.
Cambio que debe pasar por una reducción importante en el consumo de energía en los países industrializados mediante la remodelación del urbanismo y el transporte, el cierre de centrales de carbón y nucleares, la paralización de proyectos de gas, y la apuesta decidida por las energías renovables.
Con la apuesta de la Unión Europea por el mantenimiento del sistema, con limitaciones demasiado tibias en cuanto al incremento de la demanda, y el mantenimiento de una industria y un mercado en declive no es la mejor política pública, se incide en lo mismo. Un sistema tan complejo como es el energético, con grandes sectores en forma de monopolio natural, con necesidades de planificación estratégica y a largo plazo, decisiones políticas, e impactos sobre la salud, la economía y el medio ambiente no puede quedar en las manos del mercado libre y competitivo.
