Durante la época del boom inmobiliario, en la Comunidad Valenciana a todos los ayuntamientos y a la propia Generalitat se les fue la mano dando rienda suelta a muchos proyectos urbanísticos que, sin la suficiente cobertura medioambiental, finalmente fueron rechazados en los tribunales. El problema es que algunos de esos promotores privados han reclamado en los tribunales millonarias indemnizaciones por lucro cesante tras las sentencias judiciales.
El del puerto de Altea es uno de estos casos. Marina Greenwich, responsable del proyecto de ampliación y gestión del puerto, reclama 93 millones de euros a la Generalitat por el lucro cesante y el perjuicio ocasionados tras las sentencias judiciales que declararon nula la adjudicación de esta iniciativa urbanística.
El pasado mes de febrero la representación legal de la sociedad pidió la ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano en 2010, confirmada por el Supremo en 2013. La sentencia condena a la Generalitat a liquidar la concesión tras dar alas a la empresa para doblar el número de amarres, de 542 a 1.089, con un informe medioambiental que no se correspondía además con el proyecto presentado.
De acuerdo con un estudio de la empresa Deloitte, el lucro cesante supera los 73 millones de euros. A esta cantidad habría que añadir distintas partidas, entre ellas los 8,9 millones en obras que ya no podrá recuperar la empresa o el casi millón de euros gastados en avales durante la tramitación.
En 2004 el Gobierno valenciano concedió la gestión por 30 años de 240.058 metros cuadrados de este enclave, de los cuales 35.526 metros correspondían a 542 amarres y 21.000 a locales comerciales. Un año antes la entonces Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte había homologado una polémica declaración de impacto medioambiental para un proyecto que desde sus inicios en 1999 ya fue combatido por asociaciones ecologistas.
Entendían que las nuevas escolleras previstas afectaban no solo a playas, también a más de 40 hectáreas de una de las praderas mejor conservadas en la costa española de posidonia oceánica, una planta protegida por la normativa autonómica y europea: conforma una suerte de bosque marino donde se desarrolla la vida acuática.
A pesar de ello, el Gobierno valenciano permitió el proyecto al amparar una declaración de impacto medioambiental nunca vista hasta entonces en el Mediterráneo para una extensión tan enorme.
