Una reciente respuesta del Gobierno ante una pregunta realizada en el Congreso de los Diputados acerca de en qué situación jurídica se encuentra la nueva propuesta de modificación del plan especial de reforma sobre el barrio de El Cabanyal, aprobado por el Ayuntamiento de Valencia en julio de 2014, deja la impresión de que la cosa va despacio, y es más que probable que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ya no se pronuncie en lo que queda de legislatura.
En esa respuesta, el departamento ministerial señala que no puede valorar el nuevo plan urbanístico del Cabanyal-Canyamelar puesto que está condicionada por informes técnicos internos y externos. Y que, solo cuando estos informes se soliciten y se reciba respuesta, se podrá comprobar si los cambios recogidos en la nueva propuesta municipal cumplen los requisitos de la orden ministerial de 2009, que suspendió el plan urbanístico original.
La adaptación del nuevo plan insiste en la misma solución de política urbanística que el suspendido hace seis años, como la polémica avenida de 48 metros, la desaparición de la trama histórica en la parte fundacional del barrio, la destrucción de patrimonio protegido, el cambio de alineaciones y edificabilidad, y el derribo de 637 edificios de los que 182 están protegidos.
En el dictamen de julio de 2014 se acuerda dar traslado de las actuaciones producidas junto con una copia de los instrumentos urbanísticos expuestos al público al Ministerio de Cultura. Y siete meses después, el propio Ministerio, que ya cuenta con todos los informes internos, todavía no ha solicitado los de las instituciones externas como el colegio de Arquitectos de España; la Real Academia de Historia o el Museo Nacional de Cerámica que se tuvieron en cuenta en el expediente de expolio y que deberán informar sobre la nueva propuesta como paso previo para la posibilidad de revocar la orden.
Tal y como está redactado el nuevo plan, parece casi imposible que se revoque esa orden al mantenerse todos los parámetros urbanísticos y de destrucción del patrimonio que sirvieron de base para su publicación. Una orden de expolio ajustada a derecho, tal como fue avalada por la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2012 y ratificada por el Tribunal Supremo en julio de 2014.
Lo que hace el nuevo plan es ahondar todavía más en la paralización de más de 20 años de uno de los barrios con más potencialidad de Valencia, sobre el cual se podría haber promovido la rehabilitación de las casas que se están comprando para derribar, de esa manera generar actividad económica y empleo.
