Como está sucediendo en otras comunidades autónomas, también en la Valenciana han decidido aprobar proyectos urbanísticos antes de las elecciones municipales o autonómicas del próximo mes de mayo, no sea que los resultados que se produzcan no sean los esperados, y esos proyectos, después, queden paralizados por los nuevos gobernantes que pudieran llegar.
El antiguo Plan Rabassa de Alicante o el ahora ATE Ikea –es lo mismo que lo mismo es – entraría de lleno en esta casuística aceleradora de proyectos preelectorales. A pesar del conflicto judicial no resuelto, el Consell de la Generalitat Valenciana ha decidido sacar a exposición pública la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que prevé la instalación de una tienda de la multinacional sueca en la capital alicantina.
El proyecto está recurrido en los tribunales por los propietarios y en la instrucción que se sigue por el ‘caso Rabassa’ queda meridianamente claro el beneficio que de esta actuación puede obtener el empresario local Enrique Ortiz, el promotor inicial del proyecto. Los investigadores creen que el constructor ya percibió 97 millones de la multinacional sueca por un suelo que no es suyo y, además, concluyen que la ATE es heredera de Ikea.
Una vez se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, la Consejería de Infraestructuras expondrá durante 45 días el documento del ATE Alicante Avanza Park & Shopping Center, que así es como se denomina ahora la actuación. La que está recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La implantación de Ikea era en su inicio parte de un plan que preveía 13.500 viviendas que construiría Ortiz. Los propietarios consiguieron que el TSJ lo anulara hasta en cuatro ocasiones y a partir de ahí, el proyecto sufrió distintas alteraciones para poder salir adelante, la última, la que hizo que la Generalitat asumiera el proyecto como ATE.
Con Ikea iría un centro comercial, un parque tecnológico y otro periurbano que incluiría las lagunas de Rabassa, masas de agua producto de antiguas excavaciones mineras. En total 2,5 millones de metros cuadrados de los cuales Ortiz tiene más de 800.000 metros cuadrados, pero en su mayoría en suelo no urbanizable.
Los comerciantes locales también se han posicionado en contra del proyecto, al entender que su desarrollo podría acabar con el 14% del comercio tradicional de la ciudad en apenas dos años.
