La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha valorado que la reforma fiscal aprobada por el Congreso el pasado 20 de noviembre incluya recomendaciones realizadas por la Institución. Así, modera el alza fiscal a la venta de casas usadas y mantiene vigentes los coeficientes de abatimiento que reducen las plusvalías patrimoniales por la venta de inmuebles, cuando el valor de dicha venta no supere los 400.000 euros.
Si bien desaparecen los coeficientes de actualización que corrigen la depreciación monetaria. La plusvalía para la venta de inmuebles aumentará en determinados casos con respecto a este año.
La Defensora del Pueblo inició una actuación de oficio en octubre preocupada por el impacto que la eliminación de los coeficientes de abatimiento y actualización podría tener en la tributación de las clases medias y bajas.
La reforma, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, también incluye dos exenciones que había pedido el Defensor del Pueblo: elimina el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido como plusvalía municipal) para los casos de dación en pago, y deja exenta la ganancia patrimonial derivada de la dación en pago de la vivienda habitual.
Otra recomendación que incorpora la nueva reforma fiscal es aquella en virtud de la cual las subvenciones y ayudas públicas no se declaran hasta que no se hayan recibido. Hasta ahora, había obligación de tributar en el IRPF cuando eran reconocidas, aunque todavía no se hubiesen cobrado.
La reforma tiene en cuenta, también, aspectos de otras propuestas de la Institución, como elevar los mínimos personales y familiares (las ayudas fiscales por hijos, ascendientes a cargo y discapacidad).
Quedan pendientes cuestiones, como la actualización del límite de ingresos fijado para poder beneficiarse del mínimo por ascendiente. Para poder aplicar esta medida, la persona a cargo ha de tener unos ingresos inferiores a 8.000 euros, cifra que no ha variado desde 2002.
El leve incremento registrado por las pensiones mínimas podría llevar a que se supere este límite. Ello, en opinión del Defensor del Pueblo, no supone necesariamente que los ascendientes que conviven con el contribuyente puedan alcanzar independencia económica.
El Defensor del Pueblo insistirá en la necesidad de restablecer la deducción por inversión en vivienda habitual cuando se realizan obras e instalaciones de adecuación de la vivienda por razones de discapacidad.
