A pesar de que al final nunca se llegó a concretar el anunciado proceso de privatización del Canal de Isabel II por parte de la Comunidad de Madrid, cada vez que se produce un movimiento de esta sociedad saltan todas las alarmas.
Es lo que está sucediendo estos días ante la próxima junta general que el próximo 3 de diciembre tiene previsto aprobar un programa de emisión de valores negociables en renta fija, y la primera emisión por 600 millones de euros.
Desde la gestora lo ven como una simple operación para financiarse, mientras que los colectivos sociales movilizados contra la privatización ven en esta emisión la posterior entrada de inversores en el capital del Canal de Isabel II.
El pasado verano, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió paralizar definitivamente el proceso de privatización de un 49% del Canal de Isabel II, ya que las condiciones del mercado no eran lo más adecuadas como para que los inversores pusieran en las mesa unos 1.200 millones por hacerse con ese porcentaje.
El proceso se había iniciado en el año 2008, coincidiendo con la constitución, por parte de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Canal de Isabel II Gestión, encargada de prestar los servicios de abastecimiento, saneamiento, servicios y obras hidráulicas mediante un contrato programa con una vigencia de 50 años. El 80% de las acciones de esta nueva compañía son de la Comunidad de Madrid y el resto de un centenar de ayuntamientos de la región.
Pero, además de la crisis, la movilización ciudadana también ha pesado lo suyo. Hace unas semanas la Plataforma contra la Privatización del Canal II impulsaba un acuerdo político y social por la gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid.
El acuerdo supone un compromiso de los partidos y organizaciones políticas, sindicatos, asociaciones de vecinos y consumidores, organizaciones sociales, asambleas el 15-M y ciudadanos en general, para detener el proceso de privatización del Canal y establecer un nuevo modelo basado en la gestión pública 100%, en la no mercantilización del servicio, en la transparencia, la sostenibilidad, la participación ciudadana y en la prestación de un servicio de calidad, respetuoso con el medio ambiente.
La empresa pública obtuvo en 2013 unos beneficios de 210 millones de euros y sus rendimientos han aumentado desde 2011.
