La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando que se aporten los informes encargados por el IDAE a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger Strategy Consultants al expediente de la orden de parámetros, "por ser éstos fundamentales para estudiar todos los extremos suscitados en el presente debate".
Según apunta la patronal en un comunicado, el expediente actual está "incompleto" y los informes constituyen un elemento "esencial" para poder elaborar una demanda con plenas garantías judiciales.
Así, Piet Holtrop, letrado de APPA en el procedimiento, señala que si los informes han sido recibidos deben ser aportados "inmediatamente", mientras que si no han sido recibidos, "deberían justificarse las razones por las que no se han recibido, aportando documentación que lo sustente".
El pasado mes de junio, el Gobierno aprobó el nuevo real decreto que desarrolla la actividad de renovables, cogeneración y residuos, que supone un recorte de ingresos a las empresas del sector de 1.700 millones de euros. Además, la rentabilidad razonable para las instalaciones se fijó en el 7,5%.
Al Tribunal Supremo le espera un trabajo ingente con este asunto. Son ya cerca de 350 los recursos presentados contra la regulación sobre producción de electricidad con renovables. La mayoría de ellos ha aparecido tras el intermedio vacacional que se ha producido desde la publicación del Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014, ambos en junio.
Hay de todo. El presentado por la AsociacioÌn Española de la Industria Solar TermoeleÌctrica (Protermosolar), ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contra el Real Decreto 413/2014. O las presentadas por Acciona a través de sus filiales.
La primera de ellas es Termosolar Alvarado, S.L. (la empresa que gestiona la planta La Risca, también conocida como Alvarado) e interpone un “recurso contra Orden IET/ 1045/2014”. En estos mismos términos, aparece publicado el recurso presentado por Termosolar Palma Saetilla, S.L, que gestiona las centrales Palma del Río 1 y 2. En ambos casos, las plantas son propiedad en un 85% de Acciona y en un 15% de Mitsubishi.
También resalta el recurso presentado conjuntamente por Termosolar Majadas, S.L. y Termosolar Palma Saetilla, S.L. contra la Orden, pero “exclusivamente respecto al contenido de los Anexos III y VIII en la medida que establecen los criterios, paraÌmetros y valores retributivos aplicables a las instalaciones clasificadas bajo la InstalacioÌn tipo (IT) nº 602, (…)”.
Por otro lado, el mayor operador de centrales CSP en España, Abengoa, ha presentado recursos contra la Orden IET solamente, a través de las siguientes filiales: Solnova Electricidad, S.A., Solnova Electricidad Tres, S.A., Solnova Electricidad Cuatro, S.A., Solaben Electricidad Uno, S.A.U., Solaben Electricidad Seis, S.A.U., Helios I Hyperion Energy Investments, S.L., Helios II Hyperion Energy Investments, S.L., Solaben Electricidad Dos, S.A., Solaben Electricidad Tres, S.A., Solacor Electricidad Uno, S.A., y Solacor Electricidad Dos, S.A.
En similares términos, tenemos a GuzmaÌn EnergiÌa, S.L. (FCC y Mitsui), Solucia Renovables I, S.L. (Sacyr y Siemens), IbereoÌlica Solar MoroÌn, S.L. e IbereoÌlica Solar Olivenza, S.L (Ibereólica), Celeo Concesiones e Inversiones, S.L.U. (Elecnor) y Enerstar Villena, S.A., (FCC).
Sener Grupo de Ingeniería SA presenta dos recursos, uno contra el RD 413/2014y otro contra la orden IET1045/2014. SENER participa en un 60% en la empresa Torresol Energy, propietaria de las plantas Gemasolar y Valle 1 y 2.
Africana Energía, propiedad de Magtel, TSK y Grupo Ortiz y que opera la planta La Africana, también presenta el recurso contra el RD y contra la Orden IET. También fueron admitidos los recursos presentados por Renovables Samca S.A. y Abantia Sun Energía SA.
Prácticamente todo aquél que tiene negocios en España de generación eléctrica mediante renovables, cogeneración o residuos, ha presentado un recurso contra al menos una de las dos normas. Esto incluye a los miles de afectados por las instalaciones fotovoltaicas, a las grandes empresas del sector como Iberdrola, EDP, Gas Natural Fenosa, Enel y a las administraciones, como la Junta de Extremadura.
Y además de estos recursos ante el Tribunal Supremo, también existe un gran número de demandas interpuestas en diversas cortes de arbitraje internacional.
