Los inquilinos afectados por la venta de pisos protegidos en alquiler del Ivima al fondo Goldman Sachs y a la gestora Azora no se han quedado cruzados de brazos. Han constituido la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y se han personado como acusación popular en la querella que dos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid han interpuesto contra Ana Gomendio, directora gerente del Instituto del IVIMA por el delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada.
Gomendio deberá prestar declaración el lunes 3 de septiembre en el Juzgado nº 48 de la Plaza de Castilla, tras haber sido aplazada su primera declaración, prevista para el pasado lunes 9 de junio.
La asociación nace para “defender los hogares de todas las familias y personas afectadas utilizando todos los medios legales que tenemos a nuestro alcance, y, especialmente, proteger a la vivienda pública sufragada por todos los habitantes de la Comunidad de Madrid de la especulación”.
La Comunidad de Madrid vendió el verano pasado 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por un precio de 201 millones de euros, un precio “bastante menor de lo que nos costó construirlas a los contribuyentes madrileños y muy por debajo también de lo que estos fondos privados pretenden obtener al venderlas”.
Como consecuencia del traspaso de la propiedad de las viviendas públicas a una empresa privada las familias están perdiendo la ayuda pública que recibían para pagar el alquiler. En los próximos días y meses, advierte AVVI, “veremos cómo familias de escasos recursos serán desahuciadas por no poder afrontar el alquiler tras perder las ayudas”.
Además, a los vecinos que están en régimen de alquiler con derecho a compra (Plan Joven de la Comunidad de Madrid) se les ha negado el derecho de retracto para adquirir las viviendas al precio al que fueron adjudicadas a Goldman Sachs-Azora (unos 60.000 euros de media por vivienda). Su situación jurídica, por tanto, ha sufrido un cambio radical: cuando sus contratos de alquiler toquen a su fin y tengan que ejercer su derecho a compra, el precio de venta llegará a triplicar el precio pagado por Goldman Sachs-Azora a la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, AVVI estudia solicitar las medidas cautelares necesarias para paralizar la venta de las viviendas hasta la resolución judicial definitiva ya que, de lo contrario, se produciría un grave perjuicio para las personas que sean desahuciadas por no poder pagar las nuevas cuotas o expulsadas de sus viviendas por esta adjudicación.
La Defensora del Pueblo, en un contundente escrito, recrimina al Ivima no haber ejercido en este caso sus potestades administrativas de la forma más favorable a los ciudadanos, como establece el artículo 9.2 de la Constitución. Dice la Defensora que "ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones".
Para la Defensora del Pueblo, “con el traspaso de la propiedad de las viviendas a una empresa privada, la situación jurídica de los arrendatarios ha cambiado drásticamente (…). Una vez que las viviendas están en manos privadas, ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público (…). Se ha producido así una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios, que les perjudica pues antes estaban más protegidos que ahora".
