En el último año y medio, el Gobierno de Canarias ha entregado en alquiler un total de 710 viviendas a familias con escasos ingresos y dificultades para acceder a la vivienda. A fecha de hoy, ya están alquiladas 563 viviendas que la empresa pública Visocan construyó para la venta y se reconvirtieron al alquiler ante la desaparición de las ayudas estatales; también, por el sistema de adjudicación directa, el Instituto canario de la Vivienda ha entregado, a familias en extrema necesidad, otras 80 viviendas de promoción pública recuperadas del parque público, y ha adjudicado, por el sistema de sorteo mixto, otras 67 viviendas nuevas también de promoción pública.
La consejera de Vivienda, Inés Rojas, afirmó que "Canarias ha apostado por una política social de vivienda al contrario que otras Comunidades Autónomas, como Madrid que ha vendido sus viviendas sociales a inversores privados, inmobiliarias de fondos de inversión como el estadounidense Goldman Sachs, aludiendo a que tiene una deuda de 26 millones de euros".
"En Canarias, nuestra política es completamente opuesta, de hecho la empresa Visocan ha dejado de vender viviendas para ponerlas en alquiler social, para ello las entidades financieras han admitido renegociar la deuda hipotecaria, todas a excepción curiosamente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía"m apuntó Rojas.
"El Gobierno de Canarias no tienen ninguna vivienda vacía sólo aquellas que puntualmente están en proceso de adjudicación o se han recuperado del parque público por abandono u ocupación ilegal. El Partido Popular hace un uso sesgado de un procedimiento normal de recuperación y adjudicación de viviendas de promoción pública, un proceso garantista, que garantiza que se le adjudica la vivienda a quien más lo necesita", continuó la consejera.
En otras comunidades, como Castilla la Mancha, el informe del Defensor del Pueblo recogía la existencia de 2.615 viviendas protegidas vacías. "Lo que se trasluce en este ataque del PP es su oposición a la Ley de Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, y que está a favor de que las entidades financieras desalojen de sus viviendas a familias en emergencia social. No es capaz de decir abiertamente que justifica los desahucios de los bancos. La prueba es que el PP ya ha recurrido las leyes de Andalucía y Navarra en el mismo sentido", concluyó Rojas.
Canarias es de las pocas comunidades que ha construido viviendas para las familias con menos ingresos y además, cuando éstas no cuentan con los ingresos suficientes subvenciona la mensualidad hasta en un 99% por lo que abonan por una vivienda digna desde 2 a 90 euros al mes, dependiendo de los ingresos familiares y las dimensiones de la vivienda. Tal como se establece en la Ley de Vivienda de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% de sus ingresos al pago del alquiler.
En cuanto a las viviendas de promoción pública construidas por el Instituto Canario de la Vivienda para familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (11.000 euros), ya se ha entregado la promoción de 26 viviendas en Valverde, El Hierro; la de 20 viviendas en Pájara, Fuerteventura y la de 21 viviendas en Tazacorte, La Palma. Ya están sorteadas y en breve entregarán las 40 de Tuineje, en Fuerteventura y también en breve se fijará la fecha para los sorteos de las 40 viviendas de Los Llanos, las 11 de Los Realejos y las 65 de La Orotava, cuyos listados definitivos para ir al sorteo ya se han publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
En cuanto a las viviendas recuperadas, un total de 80 familias canarias con muy escasos ingresos y circunstancias especiales, consiguieron una vivienda por el sistema de adjudicación directa.
Se trata de viviendas protegidas de promoción pública en alquiler que los adjudicatarios iniciales dejaron por diferentes motivos y que el Gobierno recupera y rehabilita para entregar, por el proceso de segunda adjudicación, a familias con muy escasos ingresos y muchísimas dificultades añadidas.
El procedimiento administrativo que regula la adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública se recoge en los artículos 13 al 21 del Decreto 138/2007, de 24 de mayo, que señala plazos de alegaciones, anuncios en BOC y recursos para garantizar un acceso legal a las viviendas.
Desde que el año pasado comenzarán a movilizarse en alquileres económicos las viviendas protegidas que el Gobierno de Canarias había construido para la venta, un total de 563 familias con dificultades económicas para comprar han conseguido acceder a una vivienda nueva.
En estos primeros cinco meses del año, el Gobierno de Canarias alquiló un total de 112 viviendas protegidas y en la actualidad dispone de otras 200, que recientemente se han finalizado y de las que la mitad ya están reservadas y en trámite de formalizar el contrato. Las viviendas disponibles se encuentran ubicadas en los municipios de Puntallana, Granadilla, Las Palmas de Gran Canaria, El Doctoral, Gáldar y Puerto del Rosario.
Las familias interesadas deben estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y las mensualidades son mucho más económicas que en el mercado libre, varían según la zona y las dimensiones de la vivienda.
La consejera de Vivienda, Inés Rojas, valora muy positivamente esta medida "a través de la reconversión de viviendas en venta para el alquiler hemos conseguido aumentar el parque público de viviendas y así dar una solución para familias con escasos recursos que en la actualidad no pueden comprar".
Se trata de viviendas protegidas que Visocan construyó para la venta pero que, ante la desaparición de ayudas estatales para la compra y la entrada, sumado a las restricciones de las entidades bancarias para conceder créditos hipotecarios a las familias, no se habían podido comercializar.
La consejera recuerda que "algunas de estas promociones fueron adquiridas por el Gobierno de Canarias a promotores privados que, al inicio de la crisis, no podían finalizar la obra y se acogieron a la oferta del Gobierno para la adquisición de viviendas, a través de la empresa pública Visocan".
"Se trató de una de las medidas de reactivación económica que impulsó el Gobierno de Canarias -explica- y que permitió mantener la actividad del sector más afectado por la crisis y por otro, incrementar el número de viviendas protegidas con promociones de viviendas libres". "El objetivo principal en aquel momento fue el mantenimiento del empleo, como fuente principal de ingresos familiares, por ello fue requisito indispensable que las promociones tuvieran solamente hasta el 50% de la construcción o menos", dijo Rojas.
