Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley antidesahucios andaluza, esta quedó impugnada, pero no en su totalidad.
Se vio afectada la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, pero no aquellos artículos que posibilitaban a la Junta de Andalucía vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas, que siguen plenamente vigentes.
Y haciendo uso de esta potestad, la Consejería de Fomento y Vivienda, con Elena Cortés al frente, ha mantenido intacta su voluntad de que estos artículos, no afectados por el recurso, se cumplan a pies juntillas.
Primero fue la Sareb la expedientada por no poder a disposición de los registros municipales de demandantes las viviendas protegidas con las que cuentan, y ahora han sido otras ocho entidades financieras las que han sido expedientadas por el mismo motivo.
La no aportación de estas viviendas supone un incumplimiento de la Ley de Vivienda Protegida, tal y como quedó redactada tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda.
Los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Es decir, para que accedan a las mismas quienes las necesitan. No poner una vivienda protegida, construida con dinero público, a disposición de los registros municipales de demandantes supone una infracción muy grave de esta norma y conlleva sanciones económicas de entre 30.001 y 120.000 euros.
Hace dos meses, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía abrió dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma.
Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de casi 110 millones de euros, siempre que la Sareb no acreditase haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que posee en Andalucía.
En torno a un 12% de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz. Un total de 6.379 viviendas, de las que 4.473 son viviendas libres de primera residencia, 995 son libres de segunda residencia, y las restantes 911 de tipología protegida.
Esta semana la propia presidenta de la Sareb, Belén Romana, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, fue preguntada sobre este tema, respondiendo que la sociedad que preside estaba recabando información en los Registros de la Propiedad para verificar si efectivamente esas casi 1.000 viviendas protegidas son de su propiedad.
