BBVA y Sabadell eran dos de los grandes bancos españoles que hasta ahora se habían mantenido al margen del camino seguido por la mayoría de sus competidores, de vender la gestión de sus activos inmobiliarios para obtener una liquidez inmediata. Y se van a mantener ahí. Al menos, el Sabadell ya lo ha dicho públicamente y sin tapujos.
El propio presidente de la entidad, José Oliu, ha dejado claro que el banco no tiene intención de desprenderse de Solvia, su filial inmobiliaria.
Lejos de desprenderse de ella, su objetivo es mantenerla y hacerla crecer para que se configure como una empresa propia, que no sólo sirva para vender pisos, sino la de aumentar su valor para, a medio plazo, poder incluso sacarla a Bolsa.
Solvia está jugando un papel fundamental en la buena marcha de la venta de inmuebles, y ha sido la responsable del 14% de todas las compraventas de viviendas que se realizaron en España durante el pasado año, con alrededor de 18.000 operaciones cerradas.
Conviene recordar que Solvia se trata de una plataforma heredada de la CAM, que tenía un problema tan importante con el ladrillo que se anticipó un año al resto de entidades y ya disponía de una importante estructura para vender los inmuebles que se adjudicaba. Plataforma que ha servido para que el Sabadell ya se haya desprendido de aproximadamente un tercio de los activos inmobiliarios que heredó de la caja alicantina.
El Sabadell recibió de la CAM una cartera con un valor contable de aproximadamente 20.000 millones de euros en inmuebles, entre los que ya tenía adjudicados la caja en el momento de su intervención y los que estaban como garantía de créditos de dudoso o difícil cobro, la mayoría de ellos cubiertos por el Esquema de Protección de Activos (EPA) concedido a la entidad para ayudarle a digerir la integración.
En los dos años transcurridos desde que el Sabadell tomó las riendas de la caja, la cifra ya se ha reducido en más de 6.000 millones, aunque los ingresos reales por la venta de estos activos sólo ronda los 3.000 millones de euros debido a los significativos descuentos que ha tenido que aplicar la entidad vallesana para conseguir colocarlos en el mercado.
Y la cosa podría ser incluso mejor de no ser por los procesos judiciales que se siguen para los embargos o la necesidad de que el Fondo de Garantía de Depósitos, como responsable de pagar la EPA, autorice determinadas operaciones, lo que provoca que una parte significativa de los inmuebles no pueda venderse de manera inmediata.
