La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de la Xunta de Galicia ha iniciado la demolición de una segunda vivienda construida en primera línea de playa, sin licencia municipal y sin licencia autonómica, ubicada en suelo rústico de protección de Costas en el lugar de Pipas, Reboredo, en el Ayuntamiento de O Grove.
Esta vivienda unifamiliar fue objeto de una orden de paralización de obras por parte del Ayuntamiento de O Grove en 2002 y un año después fueron declaradas ilegalizables, es decir, hace más de una década. Al mismo tiempo, la orden de demolición fue confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 31 de octubre de 2007. Esta sentencia fue declarada firme en marzo de 2009.
Transcurrido el plazo concedido al interesado para que procediese a la demolición, se le impusieron hasta cinco multas coercitivas. Ante la persistencia en el incumplimiento de la orden, se dicta acuerdo de ejecución subsidiaria acosta del interesado, que interpone un recurso contencioso administrativo, finalmente desestimado por el Juzgado nº 1 de Pontevedra en enero de 2011.
Para proceder a la demolición, el Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra concedió autorización de entrada en domicilio 22 de enero de 2014, autorización ratificada de nuevo por el mismo tribunal el pasado lunes, 17 de febrero.
La APLU es un organismo público que vela por los derechos de los ciudadanos de cara a la protección del medio ambiente. La finalidad última es restaurar la orden física vulnerada con la reposición del terreno al estado anterior a la actuación ilegal y, indirectamente, evitar situaciones ilícitas mediante medios punitivos como la imposición de sanciones.
Para conseguir dicho objetivo resulta imprescindible la educación cívica en valores medio ambientales de respeto a la normativa urbanística, para lo cual resulta necesaria una concienciación ciudadana.
Desde el Gobierno gallego se trabaja para acabar con la percepción de impunidad que existe en el campo urbanístico, objetivo en el que es fundamental a actuación de la APLU y de las administraciones locales.
En ese sentido, desde la Xunta se lamenta la creación de plataformas que ponen trabas a la reposición de la legalidad urbanística, defendiendo los intereses particulares de personas que construyeron al margen de la ley y perjudicando con esto los intereses generales de la inmensa mayoría de ciudadanos que respetan la legalidad.
