El grupo multinacional de origen catalán Mango ya cuenta con todos los parabienes, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Fundación Caja Madrid –propietaria del inmueble– para poder adquirir el edificio del Palacio de la Música, en plena Gran Vía madrileña. Lo único que tiene que hacer es poner encima de la mesa algo más de 50 millones de euros.
En cuanto los ponga y se haga con el emblemático inmueble, el consistorio ya le ha dicho, tras la consulta realizada, que no ve problema alguno para reconvertir el edificio en una tienda con un centro de exposiciones y eventos de la empresa.
El Ayuntamiento apunta que la figura más adecuada para llevar a cabo la propuesta de Mango sería un Plan Especial dado el grado de protección del Palacio de la Música. Las mismas fuentes han confirmado que la firma catalana no ha presentado solicitud de licencia alguna ni trámites para iniciar un Plan Especial.
Construido en 1926, el Palacio de la Música está incluido en el catálogo de edificios protegidos con Nivel 1 de Protección Integral, declaración que obligaba a los compradores a respetar los elementos originales, tanto de la fachada como del interior.
Respecto al cambio de usos, a finales de 2012, cuando, tras anunciar la Fundación Caja Madrid que desistía de seguir adelante con la remodelación prevista como espacio cultural, ya Mango se interesó por la compra, los responsables municipales de Urbanismo recordaban que el uso del Palacio de la Música no es cultural, sino terciario-recreativo, lo que permitiría implantar desde una sala de conciertos a una discoteca o un restaurante.
El Palacio de la Música fue comprado, en julio de 2008, por la Fundación Caja Madrid para convertirlo en lo que fue originariamente, un auditorio de música. El Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, dio luz verde a la venta del edificio con la condición de mantener su uso cultural ya que pretendía que la capital contara con un segundo auditorio, además del Nacional.
Al tiempo se concedía al inmueble el grado 1 de protección, que obligaba a los compradores a respetar los elementos originales, tanto de la fachada como del interior. Tras casi cuatro años de trabajos, en enero de 2012 la dirección de la Fundación Caja Madrid paralizó las obras después de invertir en ellas 4 millones de euros.
