La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha calificado el texto del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda como "un golpe institucional a la autonomía andaluza para imponer un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos".
La consejera ha criticado que el recurso del Ejecutivo central, notificado a la Junta el 22 de enero, sostiene que la ley andaluza "compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español", al tiempo que alega que "si cediera el derecho a favor de la función social", en alusión a la norma andaluza, "desaparecería la propiedad privada".
La Consejería de Fomento y Vivienda ha hecho público en su página web el recurso, en cuya notificación el Tribunal Constitucional comunica que "por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución", lo que produce la suspensión cautelar inmediata y sin entrar en el fondo de la vigencia de los preceptos impugnados, que básicamente son la creación de la figura de vivienda vacía, la potestad de sancionar a personas jurídicas por mantener inmuebles deshabitados durante más de seis meses a lo largo de un año y la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de familias en exclusión social.
Cortés ha recordado que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de 2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sin que se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos, y sin que se presentase contra la misma recurso de inconstitucionalidad.
"Hay un trato claramente discriminatorio hacia Andalucía", ha afirmado Cortés, ya que la Ley catalana "también establece y delimita la función social de la vivienda y fija infracciones para quienes la incumplan". "¿Por qué se le niegan a Andalucía estas potestades?", ha preguntado.
Asimismo, la consejera de Fomento ha puesto de manifiesto que el recurso se basa en "hipótesis ya refutadas por los hechos", según las cuales la ley andaluza "provocaría el colapso de la economía española". En este sentido, el texto señala, en sus 'Fundamentos de Derecho', que la Ley "tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro […] la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito […] para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar una senda de crecimiento económico".
El Gobierno también sostiene que "no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español". Cortés ha destacado que, en sus algo más de tres meses en vigor, la Ley ha protegido el derecho a la vivienda de todas las personas incursas en proceso de desahucio en Andalucía, "y ello mientras bajaba la prima de riesgo".
Elena Cortés ha recordado, por último, que la norma andaluza tiene "perfecto anclaje constitucional", entre otros, en el artículo 33, que establece que el derecho de propiedad tiene una función social; en el 40, que fija que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta más equitativa; el 47, según el cual los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; y el 128, que señala que toda la riqueza del país está sujeta al interés general. Por último, ha subrayado que la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda.
