La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha afirmado que la inminente aprobación de la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda "devolverá a las familias una herramienta fundamental para defender su derecho a un techo bajo el que vivir dignamente".
"La norma que en abril aprobó el Gobierno andaluz ahora la va a refrendar, ampliada y reforzada con las aportaciones de los grupos y de la sociedad civil, el Parlamento autonómico, sede de la soberanía andaluza", ha señalado Cortés, que ha añadido: "El Gobierno andaluz va a redoblar su lucha contra los desahucios y en defensa de que el inmenso stock de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias salga en alquiler asequible".
Así lo ha manifestado durante una visita a Baza la consejera de Fomento y Vivienda, que ha destacado, entre las medidas que recoge la norma, las sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos e inmobiliarias, fundamentalmente) por tener viviendas vacías; las sanciones de hasta 120.000 euros a las entidades financieras que no den un uso social a sus viviendas protegidas y por tanto pagadas con dinero público; los incentivos para personas físicas para que saquen en alquiler los inmuebles desocupados; y la expropiación del uso de las viviendas embargadas por los bancos a personas en riesgo de exclusión social para así evitar sus desahucios.
Cortés ha añadido que en el trámite parlamentario la norma ha resultado además "enriquecida" con aportaciones como la ampliación de los supuestos para acogerse a la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios, incluyendo a avalistas, autónomos y atrapados por las llamadas hipotecas puente.
La consejera ha recordado que la Ley combate "fenómenos intolerables e insostenibles", como la existencia de un stock de hasta un millón de viviendas vacías en Andalucía, más del 20% del total, en una comunidad en la que se han producido más de 80.000 desahucios desde 2007. La norma también intenta equilibrar un mercado de la vivienda en el que el alquiler apenas alcanza la mitad del porcentaje que representa en Europa.
Elena Cortés ha recordado que en los tres meses que estuvo en vigor la norma, hasta que fue suspendida por un recurso del Gobierno de España, el Decreto "demostró una enorme eficacia en defensa del interés general y del derecho a la vivienda, beneficiando a incontables familias en toda Andalucía". "En primer lugar", ha añadido, "tuvo un efecto disuasorio en todos los procesos de desahucio, ya que con la norma en vigor era mucho más difícil desahuciar a una familia porque la entidad financiera se exponía a sanción y expropiación".
Además, ha resaltado Cortés, la Consejería inició, sólo en tres meses, 18 expedientes de expropiación de uso de viviendas para evitar el desahucio de sus moradores tras acreditar que estos se encontraban en riesgo de exclusión social. "Eran cientos las personas que habían solicitado acogerse esta medida en sólo tres meses", ha señalado Cortés, que ha agregado que su departamento comenzó además a explorar el parque de viviendas de Andalucía para detectar inmuebles vacías e inscribirlos en un registro. "El Decreto era útil y eficaz y daba poder a la gente frente a las entidades financieras. La Ley será aún más útil y eficaz y devolverá aún más poder a la gente", ha añadido.
"El Gobierno no recurrió la norma en defensa de la Constitución, porque es perfectamente constitucional y responde al precepto de la función social de la propiedad. La recurrió porque era eficaz, porque funcionaba, porque demostraba que había alternativa", ha señalado Cortés.
