Madrid. Si uno echa una ojeada al informe ‘Spain’s Positioning. Leadership Key Factors’, lo último que se ha sacado de la manga el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para difundir por el mundo la ‘marca España’, hay cosas que no casan muy bien. O el departamento dirigido por José Manuel García Margallo va a su bola y no se entera de nada, o, lo que es peor, aun sabiéndolo, las obvia y tira hacia adelante como si nada hubiera pasado.
Entre las bondades referidas a España figuran las energías renovables como principal factor de liderazgo de España como destino para los inversores internacionales, por delante incluso del sector de las infraestructuras y de la alta velocidad. No sólo del éxito incontestable de la energía eólica sino también del liderazgo en potencia instalada de plantas fotovoltaicas y termosolares.
Y lo hace justo en este momento en el que el Gobierno ultima la reforma del sector eléctrico para dar un nuevo rejonazo –para muchos puede que sea el último – a las primas a la producción de esta energía verde, como responsables, según el Ejecutivo, de que sean las principales causantes del déficit de tarifa.
Algunos de los altos directivos españoles, llamados a ir por esos mundos de Dios, a vender la ‘marca España’ no han tardado en reaccionar ante la que se les puede venir encima cuando comenten esta cuestión y sus interlocutores les respondan, atónitos, si les están tomando el pelo, sabedores de los cambios de regulación que se avecinan, y que ya han provocado el inicio de litigios arbitrales y denuncias ante la Audiencia, el Supremo y el Constitucional de miles de afectados.
Que el documento no ha sido mínimamente contrastado queda demostrado cuando pone de ejemplo a Abengoa como líder internacional en tecnología solar, que lo es, pero no es menos cierto que la compañía sevillana se ha unido a otras como Acciona para denunciar al Gobierno ante el Tribunal Supremo por los recortes retroactivos de primas aplicados en termosolar.
Entre los litigios ya presentados, el de 14 fondos internacionales y el que están preparando un grupo de fondos extranjeros, varios de ellos soberanos, por el ajuste también retroactivo de un 30% en las primas termosolares. En España, las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Extremadura, Galicia, Canarias y Andalucía han acudido al Tribunal Constitucional por los recortes en las subvenciones renovables y la aplicación del nuevo impuesto eléctrico del 7% en vigor desde el 1 de enero.
