Madrid. En plena polémica en la calle, con los escraches organizados en torno a las casas de dirigentes del Partido Popular mientras se tramita en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), esta semana varios informes han vuelto a echar más leña al fuego, si cabe, sobre este asunto.
Vayamos, por orden, el pasado lunes el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, afirmaba, en la Comisión de Justicia del Senado, que las ejecuciones hipotecarias sumaban casi 200.000 casos pendientes en los juzgados, pero que la inmensa mayoría corresponden a locales de negocio, sin apoyo alguno estadístico que lo apoyara. Simplemente, en un cálculo sin pies ni cabeza, llegaba a la conclusión de que aproximadamente un 10% de estas ejecuciones se relacionan con primera vivienda.
A finales de 2012, el Gobierno anunció que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaría a partir de enero estadísticas fiables y precisas en torno a los desahucios y crear así un "mapa real de desahucios", para distinguir cuáles son efectivamente de primeras residencias y cuáles serían locales comerciales o segundas viviendas. Pero, dos dos meses después el Gobierno decidió aplazar la publicación de dicha estadística hasta 2014, como poco.
Pues bien, no vamos a tener que esperar tanto para conocer la realidad hipotecaria actual. Los Registradores de la Propiedad, con datos extraídos de sus propias actuaciones registrales, certifican que casi el 75% de las ejecuciones hipotecarias corresponden a primera vivienda.
Dato que guarda una significativa relación con el peso relativo de viviendas principales publicada por el Ministerio de Fomento, donde se muestra que en los últimos cinco años la media de viviendas principales ha sido del 69%. En consecuencia las diferencias son reducidas, con una ligera mayor presencia de primera vivienda en certificaciones por inicio de ejecución hipotecaria con respecto a su peso relativo.
En 2012, fueron 38.976 adjudicaciones por ejecución de hipoteca sobre vivienda las registradas. La comparación con la cifra de certificaciones por inicio de ejecución hipotecaria (65.778) muestra la evolución actual en el paso de una situación a otra, que no tienen por qué estar vinculadas de forma automática, debido a que las adjudicaciones suponen una fase posterior bastante frecuente del inicio del proceso de ejecución que se produce con la certificación registral.
El 77,06% de las adjudicaciones por ejecución de hipoteca han correspondido a primera vivienda. Se trata de un dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u otro tipo de fincas. Este resultado mantiene la interpretación del aparatado anterior con respecto al peso de viviendas principales en el parque de viviendas (aproximadamente el 69%), dando lugar a un ligero mayor peso de primera vivienda en las adjudicaciones.
Y en medio de este cruce de intereses. Los que tratan de que se conozca el alcance de esta realidad, y la de quienes no están dispuestos a arrojar excesiva luz sobre el tema, un informe de Analistas Financieros Internacionales advierte de que la dación en pago retroactiva obligaría a aprobar nuevos rescates financieros.
Lo hace en base al hecho de que si el 50% de los potenciales beneficiarios de la dación en pago dejasen de pagar sus cuotas, la morosidad hipotecaria se dispararía hasta el 8%, mientras que si dicho porcentaje se elevase al 75% la tasa de mora rondaría el 13%. Así pues, el volumen de hipotecas dudosas oscilaría entre 48.000 y 79.000 millones de euros, provocando a bancos y cajas un agujero extra de hasta 56.000 millones de euros.
