Madrid. Tantos millones de dinero público pagados a los Oliver Wyman, PwC, KPMG y compañía –hasta 31 millones se llevaron el año pasado por evaluar el riesgo inmobiliario del sistema financiero español–, más los más de 40.000 millones de rescate financiero que se han recibido de Bruselas, para que ahora venga la agencia Moody’s y diga que todo eso está muy bien, pero que las cuentas son erróneas, y que existen otros 200.000 millones de euros de riesgo inmobiliario que no se han contabilizado.
¿Cómo es posible esta diferencia? Pues muy sencillo. Todo se basa en la distinta calificación del crédito fijados por uno y por los otros. Básicamente, se trata de que la agencia de calificación incluye como riesgo inmobiliario todos los préstamos concedidos a una promotora, sea cual sea su finalidad, y el Banco de España limita ese riesgo a aquellos préstamos otorgados para la construcción de viviendas o compra de suelo.
El Banco de España toma como referencia para la catalogación para qué es el préstamo, su finalidad, mientras que Moody´s, tomando el criterio de la CNAE, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, se fija en a quién se presta, e incluye como riesgo inmobiliario los 21 sectores englobados bajo la actividades de construcción y actividades inmobiliarias.
Ante esta disyuntiva, Moody’s entiende que sí existe riesgo porque, sea el crédito para lo que sea, la actividad principal de la compañía es la construcción de viviendas. En el fondo, no le falta razón. De hecho, si se observan los datos de morosidad de las empresas promotoras se observa que tampoco están pagando estos otros préstamos.
A partir de aquí, la agencia lo que ha hecho es coger los datos al cierre de 2011, la fecha que Oliver Wyman tomó para hacer el pasado año la evaluación de la situación. En ese momento, los préstamos a empresas de construcción e inmobiliarias contabilizaban en torno a 400.000 millones de euros. Cantidad a la que habría que sumar los 100.000 millones en activos adjudicados ya en los balances de los bancos.
Total, unos 500.000 millones, 200.000 más de los aproximadamente 300.000 millones que fueron saneados en 2012. Los que, según los cálculos de Moody’s en base a su criterio de cómputo, no habrían sido reconocidos ni provisionados como riesgo promotor, con lo que evidentemente, al no estar catalogado como tal, tampoco habría pasado al ‘banco malo’, a la Sareb, y se mantendría entre los créditos vivos de las entidades financieras.
