Barcelona. El Estado, a través del FROB, ha vuelto a cerrar en falso, como se temía, la subasta para despenderse de Catalunya Banc. Había pretendientes sí, pero para pagar un dinero que, a todas luces, resultaba insuficiente para minimizar el coste de esta nacionalización sobre el contribuyente. Al final, el tira y afloja entre los bancos interesados y el FROB se rompió y se cumplía el vaticinio del director general del FROB, Antonio Carrascosa. “Si no hay oferta razonable, Catalunya Banc no se vende”.
La negativa del Gobierno a apoyar la subasta con un Esquema de Protección de Activos (EPA) –un aval ante un posible deterioro adicional de los activos, que hiciera la compra más rentable– provocó que las ofertas estuvieran muy por debajo de ese mínimo de 1.000 millones por los que se hubiera podido cerrar la operación. En libros, la entidad catalana está valorada en unos 2.000 millones de euros.
Ese EPA que, por ejemplo, fue de lo más generoso hace algo más de un año cuando el Sabadell se adjudicó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) logrando una protección para cubrir el 80% de las pérdidas que genere la cartera crediticia más problemática durante diez años, además de avales públicos para asegurar la liquidez. Un chollo, vamos.
Así que, ante el fracaso de esta subasta, el fondo estatal tendrá que seguir inyectando capital o aportando los fondos necesarios para asegurar las obligaciones con depositantes y acreedores de Catalunya Banc. No obstante, tiempo hay para su venta, ya que el plazo otorgado por la Comisión vence al final de 2016.
De momento, el Estado ha inyectado más de 12.000 millones en la entidad, de ellos 9.084 millones de euros procedentes de los fondos europeos solicitados por el Gobierno, y el grupo que todavía preside Adolf Todó ha recibido 6.708 millones en bonos sénior con garantía del Estado a cambio de los activos tóxicos que ha traspasado a Sareb.
Al final, en el fondo de todo, el ladrillo. Esa incertidumbre de no saber hasta dónde llega el agujero de la exposición inmobiliaria que todavía mantiene la entidad, sobre todo después de que en pleno proceso de venta aparecieran como mal clasificados créditos inmobiliarios por valor de 3.000 millones de euros, con una morosidad creciente que habría que asumir.
Si descontamos los 6.708 millones de activos traspasados a la Sareb, y tomando como referencia los últimos datos financieros presentados por el grupo en junio de 2012, Catalunya Banc todavía soporta una exposición importante al ladrillo, toda vez que entonces el total de créditos para financiar actividades inmobiliarias era de 10.700 millones y los activos adjudicados sumaban casi 5.400 millones de euros.
