Madrid. Me cuenta un amigo que ha estado recientemente en Francia que se ha quedado realmente sorprendido al comprobar que todos los escaparates de las inmobiliarias francesas sin excepción incluyen la calificación energética de los hogares que se venden y alquilan al mismo nivel y con la misma visibilidad que el número de metros, la distribución o el precio.
A mí lo que realmente me sorprende no es que en Francia cumplan con lo que establece la legislación vigente del país vecino desde 2007, sino que aquí, en España, seamos incapaces de hacer algo tan sencillo y tan beneficioso tanto para la promoción de la eficiencia energética como para aumentar la información que obtienen los posibles compradores o arrendatarios sobre las viviendas que están buscando.
Quien pide información sobre un piso en Francia puede conocer al momento las mejoras que ha tenido ese inmueble en materia de aislamiento térmico, servicios de ventilación, colocación de contadores de consumo eléctrico y la evaluación de su consumo energético. Una información realmente válida que se resume en una etiqueta energética y que dará al usuario la posibilidad de tomar una decisión con todos los datos en la mano.
En España, este mes de enero se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Directiva2002/91/CE, que obligaba a los edificios de nueva construcción y a aquellos que hubiesen sufrido importantes renovaciones a contar con una certificación de su eficiencia energética. Además, en el arranque de 2013, todos los profesionales del sector de la edificación, empresas y asociaciones como la que presido,esperábamos que se publicase el anunciado Real Decretopara regular exigir también esta certificación a cualquier inmueble, nuevo o de segunda mano, que se pusiese en venta o alquiler. Seguimos esperando…
Sabíamos que España tomaba esa decisión tras una denuncia de la Comisión Europea y bajo amenaza de multa, pero no sospechábamos que este anuncio fuera a quedarse en una mera declaración de intenciones. Solo algunas comunidades autónomas han desarrollado el reglamento, han establecido un procedimiento y un registro propios, pero seguimos sin conocer las intenciones del Gobierno para llevar a la práctica esta interesante iniciativa.
En Francia, como en tantos otros países de la Unión Europea no solo consideran que el sector de la edificación es estratégico para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en 2020 y no olvidan que representa un 40% del consumo de energía. Es que además, creen firmemente que la información que contiene un certificado de eficiencia energética es un derecho de los ciudadanos que deben contar con estos datos para conocer la eficiencia de la vivienda que quieren comprar o alquilar, su confort térmico, la calidad de sus instalaciones y en definitiva, su habitabilidad.
Este certificado es una excelente carta de presentación del producto que se ha puesto en el mercado inmobiliario y en el caso de que la vivienda sea eficiente un buenísimo argumento de venta. Cada vez somos más los que miramos cuál va a ser el comportamiento energético de la vivienda que queremos adquirir o arrendar. No en vano, una propiedad que cuente con un buen aislamiento térmico, cerramientos adecuados e instalaciones eficaces se traducirá en facturas energéticas mucho más baratas.
Espero que en el próximo artículo pueda alegrarme de la publicación del Real Decreto de Certificación Energética de Edificios Existentes.
