Ciudad Real. Lo que le faltaba al aeropuerto de Ciudad Real. La sociedad propietaria, CR Aeropuertos, está en concurso de acreedores desde junio de 2010 y el aeródromo lleva cerrado a cal y canto desde mayo del pasado año. Pues bien, a perro flaco todo son pulgas. No son las cuestiones negativas. Ahora, el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha ha fallado a favor de varios de los 57 propietarios de los terrenos expropiados para su construcción del aeropuerto de Ciudad Real, y el alcance de las indemnizaciones podría suponer elevar la deuda en otros más de 200 millones de euros.
No obstante, los responsables de la gestión del aeropuerto tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, ya que en un caso similar, como fue el del aeropuerto de Castellón, el Alto Tribunal sentenció a favor de los dueños del aeropuerto por considerar que el mismo no estaba vinculado a una determinada área urbana, por lo que los terrenos deben ser valorados como rústicos.
Lo que hace el Tribunal de Castilla-La Mancha es reconocer el derecho reclamado por los propietarios, que recurrieron el justiprecio del Jurado Regional de Valoraciones de Castilla-La Mancha a recibir un valor superior al que recibieron en su día por sus terrenos. De acuerdo con la valoración realizada por el mencionado jurado se pagaron unos 0,5 euros por metro cuadrado en secano y 1,2 euros por el de regadío.
Las sentencias, en cambio, fijan que el valor del suelo debe ser acorde a terrenos urbanizables por tratarse de un proyecto privado que crea ciudad, con lo que lo fija en 2,79 euros el metro cuadrado. Teniendo en cuenta que el aeropuerto ocupa unas 1.874 hectáreas, las reclamaciones podrían aumentar la deuda del aeropuerto en otros 213 millones de euros. Aunque la deuda podría ser incluso superior dado que el Tribunal habla de que la tasación de algunas de las fincas es llamativamente baja para un suelo que se califica de urbanizable.
Entre las alegaciones presentadas por los dueños del aeropuerto ante la demanda de los propietarios de los terrenos, se incluía el hecho de que el Gobierno de Castilla- La Mancha había declarado el aeropuerto Proyecto de Singular Interés (PSI) y que el Gobierno central lo catalogó también de interés general por ser un servicio público idéntico en todo a los servicios públicos estatales.
