Madrid. A la Sareb, el banco malo para entendernos –aunque a su presidenta, Belén Romana, no le guste mucho el calificativo– ya le han transmitido las primeras decenas de miles de activos inmobiliarios. Son los procedentes de BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Banco de Valencia y Banco Gallego. Algo más de 32.000 millones de euros. Faltan los más de 7.200 millones de Novagalicia, que deberán llegar, como muy tarde, el próximo 31 de diciembre. Más los que lo harán en la segunda remesa de febrero hasta llegar a los 55.000 millones previstos.
Pues bien, a partir de ahora Romana y su equipo podrán vender todos estos activos (viviendas, suelos y créditos) en un plazo de quince años, intentando obtener beneficios según consta en sus estatutos. Pero lo que no podrán demorar ni un minuto son los cientos de millones que, como propietaria de estos inmuebles, deben asumir ya. Pagar, vamos.
Hay muchas comunidades de propietarios y ayuntamientos con una morosidad acumulada en los últimos años. Se deben muchos recibos en fincas urbanas que promotores y entidades financieras han dejado de pagar, y lo mismo sucede con las obligaciones fiscales municipales, básicamente ese Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que también se ha dejado de pagar, y no se espera que los Consistorios, con sus arcas en mínimos, estén por la labor de condonar las deudas.
La cuantía de todo estos impagos más los vencimientos futuros a partir de ahora no son precisamente menores. Si, como afirmaba hace unos días Belén Romana, en su presentación ante los medios, solo un tercio de los activos de la Sareb son inmuebles y los dos tercios restantes son créditos, tenemos que el valor de los activos de viviendas y suelos traspasados estarían en torno a los 20.000 millones.
Cojamos por ejemplo el traspaso de activos realizado por Catalunya Caixa. En total se han transferido 37.000 activos, de los cuales 27.000 proceden directamente de CatalunyaCaixa; los otros 10.000 emanan del crédito al promotor. Para empezar, en este caso se rompería la ratio a la que aludía Romana entre activos y créditos. Y a partir de aquí, habría que coger cada uno de estos activos y ver su actual valor catastral en base al cual se deberá liquidar el IBI.
La cuantía de los atrasos y de los pagos que se han de afrontar en el futuro debería ser objeto de la mayor transferencia pública, al ser los ciudadanos los que, en parte, vamos a sostener esta sociedad.
