Madrid. El cada vez mayor gasto en electricidad y gas que deben afrontar los ciudadanos y unos ingresos estancados o rebajados está llevando a un aumento del ratio de pobreza energética de los hogares españoles, la que se da cuando en una vivienda se necesita gastar más del 10% de los ingresos para mantener unas adecuadas condiciones de climatización y no se disponen de las condiciones económicas suficientes.
Actualmente se calcula en torno a una media nacional del 10% el porcentaje de viviendas incluidas dentro de este umbral de pobreza energética. El dato ha crecido especialmente a partir de 2008, una vez desencadenada la crisis, aunque sigue estando muy por debajo de ese 20% que se alcanza en los países nórdicos debido a las condiciones climatológicas que se dan.
Por regiones, y según los datos que va a recoger el próximo informe anual del Observatorio de la Sostenibilidad en España, las dos Castillas, La Rioja y Navarra son las más afectadas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los hogares dedican de media al pago de la electricidad o al combustible con el que calientan su casa un 5 por ciento de sus ingresos.
Una pobreza que se relaciona directamente con la antigüedad del parque residencial, ya que hasta hace unos años era una cuestión secundaria el que en la construcción de una edificación los materiales respondieran, como ocurre ahora, a todo un conjunto de directivas y normativas en materia de aislamiento a todos los niveles, desde las supranacionales emanadas en Bruselas a las que desarrollan ayuntamientos y comunidades autónomas.
Para evitar que esos índices de pobreza energética se sigan incrementando en los próximo años, la rehabilitación se convierte en una vía indispensable que, además, de reducir el gasto en luz y gas, traería consigo el impulso del sector de la construcción .
Una rehabilitación eficiente de las viviendas podría costearse con el ahorro que se consigue con ella si se hace a gran escala a través de mecanismos de ingeniería financiera. Es el motivo por el que el Gobierno está preparando un marco legal que facilite llevar a cabo estar intervenciones urbanísticas, que buscan mejorar el confort de los hogares y reducir la factura energética y la emisión de gases contaminantes.
