Madrid. Saben que no van a ver un euro de los 18.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico si, entre otras cuestiones, no cumplen con el cierre ordenado de unas 400 empresas y entidades públicas. Pues ni por esas. Las Comunidades Autónomas se están resistiendo al máximo y tiene toda la pinta de que demorarán la medida hasta prácticamente el próximo 31 de diciembre. De no hacerlo, ya saben lo que hay. No verán un euro de dicho fondo. O sí. Todo dependerá de lo que al final determine el Gobierno.
Se trata de una medida de ahorro de gasto público sobre la que se está haciendo hincapié desde todas las instancias internacionales, desde la Comisión Europea al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero una cosa es decirlo, y otra hacerlo.
En muchos casos, la liquidación y cierre de estas entidades públicas supone, en la práctica acabar con un modelo de sistema laboral a la carta, a todas luces improductivo, y que solo ha servido para que los Gobiernos autonómicos mantuvieran miles de empleos no sometidos a control auditor alguno. Se creaban los puestos, se designaban a sus ocupantes y ahí llevan algunos colocados toda la vida.
En el conjunto de la Administraciones Públicas existían en marzo 4.000 empresas, fundaciones, consorcios y entidades públicas, de las que solo el 10% dependían del Estado y el resto, la inmensa mayoría, estaban participadas por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Y, según lo dispuesto dentro del Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial, había que liquidar un total de 600. Hasta julio solo se habían cerrado dos. De chiste.
Ante el fracaso del plan y las amenazas veladas reiteradas desde los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, parece que se han puesto las pilas, y es previsible que, en la actualización del plan que debe hacer pública el Ejecutivo en los próximos días, se perciba un notable incremento en el cumplimiento del plan.
En el colmo de los colmos, el plan de ordenación del sector público de Andalucía contempla, sí, la liquidación de 121 entidades, pero también la creación de 10, con lo que al final el cumplimiento del plan estatal, en su caso, pasaría por proceder al cierre de 111, de manera que quedarían en funcionamiento 261. Hasta el pasado mes de abril, solo se habían dado de baja 18 empresas.
Castilla-La Mancha había liquidado 34 de las 51 que debe cerrar. En Cataluña, serían 79 las entidades que deben eliminarse de un total de 457, y en la Comunidad Valenciana, sobre un sector público de 162 empresas, hay que proceder al cierre de 24 entidades.
