Santiago de Compostela. La eliminación de 33 alquileres y la revisión de 21 contratos de arrendamiento llevadas a cabo por la Xunta de Galicia en la presente legislatura, permitieron un ahorro de anual de 1,6 millones de euros. Así, las resoluciones de contratos y las rebajas de rentas de los nuevos contratos consiguieron rebajar la partida anual de 7,6 a 6 millones de euros.
Así lo expuso la secretaria General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de Hacienda, María del Socorro Martín Hierro, durante una comparecencia en comisión parlamentaria, la petición propia, en la que explicó que las actuaciones puestas en marcha por el Ejecutivo gallego para racionalizar el patrimonio inmobiliario autonómico permitieron rebajar en más de un 20% el gasto en alquileres en lo que va de legislatura.
Según la secretaria General Técnica y del Patrimonio, todas estas medidas se enmarcan en el acuerdo adoptado por el Consello de la Xunta el 4 de junio de 2009 por lo que se aprobaba el plan de austeridad en el gasto público de la Comunidad Autónoma. El objetivo es ajustar la actuación de la Administración a la situación de crisis económica, evitando gastos innecesarios y fomentando políticas de ahorro.
Socorro Martín destacó que las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno gallego tienen como finalidad la aplicación del principio de austeridad del gasto público y garantizó que proseguirán en esta línea de racionalización y eficiencia. La finalidad es hacer políticas de contención de los gastos generales de funcionamiento y establecer planes de ahorro del gasto corriente en las unidades y centros dependientes.
Durante su intervención, señaló explicó que la política de reestructuración de dependencias de la Administración gallega puesta en marcha por la Xunta se basa en tres tipos de actuaciones como son la eliminación de alquileres y el aprovechamiento de los inmuebles propios; la renegociación a la baja del coste de los mismos, y la limitación al máximo de los nuevos contratos.
Respeto a la resolución de arrendamientos, se aprovecharon aquellos espacios propiedad de la Administración General, derivados sobre todo de las modificaciones de las estructuras orgánicas de la Xunta; al tiempo que se revisó y reorganizó su ocupación.
También, dada la situación del mercado inmobiliario, se realizó un análisis de todos los contratos susceptibles de rescisión automática, con el objeto de renegociar a la baja el precio de los alquileres. Así, se revisaron un total de 21 contratos, siete en Santiago de Compostela, tres tanto en el área de A Coruña como de la de Pontevedra, dos en la de Lugo y seis en la de Ourense.
Además, según expuso, en múltiples casos, una vez que fue finalizando el plazo de duración pactado por contrato, se procedió a renegociar con los propietarios la bajada de la renta a pagar mensualmente, con el fin de adaptar el precio a la realidad del mercado, en aquellos casos de carencia de locales alternativos.
