Santander. El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha mantenido esta mañana una reunión con los representantes de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración) para hacer “un repaso y un seguimiento” de cómo se encuentra el plan del Gobierno de Cantabria para ejecutar las sentencias de derribo de las casas afectadas por la Ley de Costas.
Fernández ha señalado que hay “unas 150 viviendas que no pueden ser legalizadas” y que “están trabajando con los técnicos encargados de fijar los expedientes de regulación patrimonial para fijar las indemnizaciones buscando la máxima justicia”, es decir, “el valor real de esas viviendas”. La Consejería de Medio Ambiente va a iniciar de oficio dichos expedientes para llegar a un acuerdo con siete propietarios de la urbanización Calas de Norte.
El titular de Medio Ambiente ha explicado que la mayoría de los casos “pasan por modificaciones de planeamiento de los distintos ayuntamientos, incluso en algunas normas con rango de ley”, por eso, durante la reunión, han visto cómo “van avanzando cada uno de los supuestos y se van haciendo modificaciones del plan”.
“El caso más significativo”, ha añadido Fernández, “es Arnuero que tiene una aprobación inicial”, y también se”están dando avances en el Ayuntamiento de Miengo, San Vicente de la Barquera y Escalante”. “Argoños es un supuesto complejo que necesita por un lado hacer una revisión de su plan”, y por otro lado, “hay que hacer una modificación del plan de ordenación de los recursos naturales, al igual que en Piélagos”, ha continuado el titular de Medio Ambiente.
Fernández ha explicado que hay otros casos en los que “no se precisan esas modificaciones de planeamiento”. Por ejemplo, “en Argoños hay ya una solicitud de legalización de cuatro viviendas”, y, en el caso de Cerrias, hay una comisión específica para seguir esos supuestos, “dónde también están estudiando la posible modificación de la Ley de Costas”, o propuestas de “modificación para elevar al Ministerio en relación a la Ley de Costas”. “Por un lado veremos si dicha Ley puede amparar una posible legalización”, ha contemplado el titular de Medio Ambiente, “pero, por si no fuese así, también tenemos que seguir dando ejecución a lo establecido en el plan”.
El consejero ha advertido que es una ruta larga y compleja, por eso el Ejecutivo cántabro ha puesto de manifiesto “la conveniencia de tener reuniones periódicas de trabajo”, y por eso también “el plan del Gobierno plantea en uno de sus aspectos la obligación de informar a los órganos judiciales cada seis meses”. En ese sentido, la intención de Fernández es hacer reuniones periódicas con AMA en la cuales les explicarán “cual es la información que el Gobierno de Cantabria va a trasladar a los jueces”, por si ellos también tuviesen alguna aportación que hacer para mejorar y completar esa información.
La próxima reunión la han fijado para finales del mes de mayo. Además, Fernández se ha mostrado dispuesto a dar “toda la información necesaria en aquellos ámbitos que consideren oportunos”. “La Consejería tiene una disponibilidad absoluta de informar a los afectados de su situación concreta”, ha reiterado el consejero.
El presidente de AMA, Ciriaco García, se ha mostrado “satisfecho” con la información que han recibido por parte del Gobierno, pero ha señalado que van a esperar a mayo para “recibir información más concreta y precisa”.
Por último el titular de Medio Ambiente ha explicado que en Argoños hay un grupo de viviendas que es “imposible legalizar tal y como están construidas”, pero el plan general que va a ser objeto de revisión, va a ser el que va a concretar “cuáles van a ser esas viviendas que tienen amparo en el nuevo plan y cuáles no”. Fernández cree que en los próximos meses se va a derribar una vivienda en esa localidad que todavía no está habitada.
