Madrid. La próxima “guerra” que próximamente usted y yo veremos sin duda es aquella que podríamos denominar como la guerra del reparto o de quién se queda con la mejor parte de los fondos destinados a la formación profesional.
Como usted sabe –hasta ahora, hasta la última reforma laboral- la ayuda en forma de subvenciones y otras acciones de financiasción para la formación profesional casi ha estado –en su parte sustancial- manejada por los sindicatos mayoritarios y las organizaciones empresariales. Los restos quedaban para las asociaciones de autónomos y las organizaciones de economía social (las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, las fundaciones, las asociaciones, las empresas de inserción y los centros especiales de empleo).
Manejadas quiere decir aquí: pilotadas, gestionadas, administradas, etc. Y así el Estado –y en su ámbito territorial, las autonomías- establecía una serie de ayudas económicas a la formación laboral que “los actores principales” indicados (sindica tos mayoritarios y patronal) se encargaban, siguiendo un protocolo establecido y fuertemente ritualizado, de diseñar, organizar, ejecutar y justificar planes de formación sectoriales y autonómicos.
De los importes designados para cada sector o actuación formativa autonómica, los “actores principales” podían, en base a los importes concedidos, cargar determinados gastos organizativos propios en concepto de gastos necesarios para la impartición de la formación. Por otra parte recibían del cuarto “actor invitado” – las empresas de formación, escuelas de educación, academias o consultoras de formación, que hacían gran parte del trabajo- , un porcentaje del total de los fondos de formación asignados para la gestión del plan, así que todos esos ingresos hacían muy apetecibler para los actores que participaban en ello, su consecución, por eso la expresión manejada estos días por algunos medios : “los cursos de formación son una fuente importante de financiación de patronales y (algunos) sindicatos” es tan evidente que puede aceptarse sin demasiada discusión.
Pero a partir del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (publicado en el BOE el sábado 11 de febrero de 2012), la situación ha cambiado radicalmente. Y así se lee en su justificación de motivos inicial que: “El real decreto-ley apuesta por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales. El eje básico de la reforma en esta materia es el reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual, reconociéndose a los trabajadores un permiso retribuido con fines formativos. Asimismo, se reconoce a los trabajadores el derecho a la formación profesional dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. También se prevé que los Servicios Públicos de Empleo otorgarán a cada trabajador una cuenta de formación asociada al número de afiliación a la Seguridad Social, y se reconoce a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente.”
Respecto a los centros y entidades de formación acreditados que podrán a partir de ahora participar directamente – esta es la palabra clave, directamente- en el sistema de formación profesional para el empleo las diferencias con lo que se decía en la legislación anterior (en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y que fue publicado el miércoles 11 abril de 2007) son que, cuando se habla en su artículo 24: Planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, de con quién se podrá subscribir la ejecución de los planes de formación:
a) Y así se dice que cuando se trate de planes de formación intersectoriales se hará con las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el ámbito estatal, las organizaciones representativas de la economía social con notable implantación en el ámbito estatal y las organizaciones representativas de autónomos de ámbito estatal… si bien se matiza ahora que éstos últimos deberán tener suficiente implantación y que además la formación deberá estar dirigida específicamente a los colectivos de trabajadores de la economía social y de autónomos, respectivamente.
b) No hay diferencia en el caso de planes de formación sectoriales pues se reitera que se hará “con las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el ámbito estatal y las representativas en tal ámbito, así como los entes paritarios creados o amparados en el marco de la negociación colectiva sectorial estatal. En aquellos sectores en los que no exista negociación colectiva sectorial estatal, o la misma no esté suficientemente estructurada, se articularán las medidas necesarias para garantizar la formación de oferta en dichos sectores. “
Esto queda igual que en la legislación anterior.
Pero en el texto de la reforma se añade, sin distinguir entre planes sectoriales o intersectoriales, que también todos ellos podrán suscribirse con:
c) Los centros y entidades de formación debidamente acreditados e inscritos en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación, es decir con los “actores secundarios” de la actualidad.
Cuando se trata de planes de formación autonómico el cambio es similar pues a las organizaciones señaladas anteriormente se añaden "los centros y entidades de formación debidamente acreditados e inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación de la correspondiente Comunidad Autónoma."
Así que la diferencia fundamental con lo anterior es que se abre el camino para que otros protagonistas principales disputen con los anteriores la participación en los planes de formación. En este sentido la reciente noticia publicada en el Ideal Digital de la noticia titulada: Academias privadas piden impartir formación acreditaba por la administración es apenas la punta del iceberg de la reclamación de los nuevos protagonistas principales. (Ya estaban en la película, lo que ahora reclaman es un papel de igual a igual con los que ya estaban en el reparto.)
Véase igualmente que otros de los que pueden intervenir en este asunto son los autónomos que por lo leído en el blog de Conforsa no parece que vayan a dejar esta oportunidad sin presentar batalla. Léase allí como: “El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha reclamado un “equilibrio” en la distribución de las partidas destinadas a formación en las empresas, dado que en la actualidad “sólo el tres por ciento” de
estos fondos se destinan a los autónomos, lo que sólo supone una “limosna”.
El lector debería también leer la noticia publicada por Europa Press y otros medios en la que se percibe la intranquilidad de los anteriores actores principales (sindicatos mayoritarios y patronales)… y su encantadora unanimidad respecto a lo que hay que hacer, ahora, con la Formación profesional.
Finalmente, los sindicatos no mayoritarios, algunas asociaciones profesionales no patronales y los Colegios profesionales –excluidos hasta ahora del reparto de los fondos oficiales de formación profesional– deberían reflexionar sobre la posibilidad de crear o en su caso acreditar oficialmente si ya tienen una o bien de colaborar con entidades de formación acreditadas para así poder estar también en la película… que inevitablemente habrá que clasificar como perteneciente al género bélico.
Y no olvide que empresas de formación no acreditadas oficialmente siempre pueden optar también a la acreditación… y entrar así en el guión.
Permanezca atento a las escaramuzas pues se adivinan tensas e intensas.
Miguel Villarroya Martín
