Madrid. Decíamos en un artículo anterior, al respecto de algunos desalojos hipotecarios, que: “el desastre humanitario que las adjudicaciones masivas está llevando a este país, puesto que cientos de miles de familias se hayan quedado sin su vivienda o local de negocio, y otras tantas estén en el mismo camino, no puede calificarse de normal ni es social y humanamente aceptable.” No hablábamos pues de legalidad sino de moralidad.
Hoy queremos insistir en algún aspecto económico que, por sobreentendido, apenas sí se comenta y que enseguida se entiende si se repara en el hecho de que si esta situación es excepcional, excepcionales deberían ser los remedios para impedir que esa sangría de adjudicaciones continúe… pues detrás de cada vivienda o local adjudicado, hay una historia personal de fracaso que el actual sistema hipotecario va a hacerla perdurable.
Hay que aceptar que, salvo raras excepciones, las fuentes con las que contaban los hipotecados se han secado y si no pagan es porque no pueden hacerlo. ¿Y qué culpa tienen los prestamistas se nos dirá? Y contestaremos nosotros que ninguna. (Otros quizás podrían añadir que alguna responsabilidad tendrán los inductores a la compra con dinero fácil –superando el límite legal hipotecario de concesión máxima del 80 % del valor de tasación de la vivienda financiada- y las tasaciones que se utilizaron y utilizan tras el impago y su contribución a la mala situación general por la sequía de crédito que ha agravado la situación… pero eso es tema para otro artículo). Así que aceptaremos por el momento que ninguna. Tampoco exoneraremos de responsabilidad a los quebrados, por su imprudencia, avaricia, espejismo, error de cálculo o mala suerte y entendemos que deban de asumir las consecuencias actuales de sus acciones anteriores, pero lo que aquí queremos someter a reflexión es lo siguiente:
¡Cómo se va a condenar al ostracismo económico a tantos cientos de miles de familias quebradas! Teniendo que responder con todos sus bienes presentes y futuros de la deuda contraída y no pagada… ¿cuántos de los titulares de esas deudas van a ser otra vez titulares de algún otro bien o negocio? ¿Quién les va a dar crédito a partir de ahora figurando como figurarán en algún registro de deudores?
Esta consecuencia económica futura de los adjudicados –la expulsión del mercado de emprendedores y propietarios- aunque se pueda burlar, más o menos o en algunos casos, no es colateral al tema sino consecuencia central y radical del hecho del impago, por lo que debe de tenerse en cuenta en cualquier proyecto de solución que pudiera intentarse.
Y lo que es más sangrante, ¿cómo puede aceptarse -impasible el ademán- que sus ejecutores, la Gran, Mediana y Pequeña Banca y otros asimilados, a los que el dinero público ayudó –y sigue ayudando- a salir de la quiebra en la que se encontraban, se muestren tan feroces a la hora de adjudicarse las viviendas y locales de aquellos que con sus impuestos contribuyeron a la operación de salvamento de los mismos que ahora los ejecutan?
Siempre hemos sido un país surrealista a la hora de tomar medidas excepcionales pero ahora, cosas tales como el actual y decadente proceso de adjudicados bancarios, en las actuales excepcionales circunstancias, sin consideración de otras posibles alternativas como el arrendamiento de favor u otros acuerdos que diesen más oxígeno a los hipotecados, está tiñendo de rojo indeleble a muchos ciudadanos.
¡Malos tiempos… y mal futuro!
Notas: Ostracismo: Entre los antiguos griegos, se llamaba así al destierro político al que se condenaba a los ciudadanos que se creían peligrosos para el Estado; también, figuradamente, puede llamarse así a la exclusión voluntaria o forzosa de una persona de los cargos públicos que pueda ostentar y, en general, puede ampararse con este nombre el aislamiento o exclusión social al que se somete a una persona, non grata para el poder que puede ejercerlo, como castigo por alguna de sus acciones, actitudes, ideas, etc. Véase por ejemplo: http://es.wikipedia.org/wiki/Ostracismo.
