Madrid. No hay dinero ni para comprar una vivienda de precio protegida. La situación económica, con unos crecientes niveles de desempleo, está provocando que muchos adjudicatarios de pisos sometidos a algún régimen de protección pública tengan que renunciar a ellos. Al margen de los problemas financieros para poner nuevos proyectos en marcha por la falta de créditos, el precio del módulo es la causa directa de esta nueva situación, toda vez que en algunos casos las rebajas aplicadas a las viviendas libres llevan a que cuesten prácticamente lo mismo que las de protección pública.
En el País Vasco se calcula que el 43% de los beneficiarios de una vivienda promovida por el Ejecutivo autónomo en 2009 han tenido que renunciar, según el departamento vasco de Vivienda, por la incertidumbre que genera la crisis económica, los problemas económicos y financieros y el elevado precio.
Al sur, en Huelva, han sido varias las zonas donde esta circunstancia se ha dejado sentir sobremanera, como sucedió en el caso del Parque Moret, donde 500 de los 523 solicitantes decidieron finalmente dar marcha atrás en sus pretensiones de optar a uno de los 172 pisos ofertados. Por primera vez, la oferta supera la demanda. En esta capital andaluza, aunque no existe un censo oficial, se calcula que para cada vivienda se presentan tres solicitantes frente a los 15 que lo hacían hace unos años.
Los precios altos para áreas castigadas por el desempleo y salarios bajos, como Extremadura, también se dejan sentir tras estas renuncias. O en Teruel, donde según datos de la Secretaría de Estado de Vivienda los pisos protegidos pueden llegar a salir un 6% más caros que los de precio libre. Lo mismo sucede, aunque de manera no tan llamativa, en Ciudad Real, donde ese porcentaje se sitúa ligeramente por encima del 1%, o en Cáceres, con los precios de la libre y la protegida prácticamente equiparados.
