II Informe Nacional sobre la Morosidad en las comunidades de propietarios

Madrid. Las malas perspectivas para 2013 en cuanto a impagos se refiere se confirman con los primeros datos recogidos en el primer trimestre, ya que  “los niveles de impago de cuotas soportadas por las comunidades de propietarios en 2012 se incrementaron en un 19% con respecto al ejercicio anterior, pasando de 1.350 a 1606 millones de euros. El primer trimestre de 2013 confirma estos índices con un repunte en torno al 10% respecto al mismo ejercicio del pasado año”, según recoge el informe elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y el Observatorio de las Comunidades de Propietarios.

Con estos datos, el Informe considera que las tasas totales de morosidad son alarmantes y con un horizonte poco prometedor al respecto, razón que ha conllevado a que el 62% de las comunidades de propietarios haya reducido su presupuesto de gastos y el 92% han mantenido reducido sus cuotas para sufragar el aumento de los impagados por morosidad.

Igualmente, el Informe corrobora que la morosidad de las entidades financieras sigue siendo un problema importante para las comunidades de propietarios,  al establecer que el propio sistema de gestión del patrimonio genera dilaciones en el pago de los recibos comunitarios pendientes, que en el ejercicio 2012 alcanzó la cifra de 256 millones de euros, y ello pese “a que las principales entidades financieras se desprendieron, en 2012, de cerca de 110000 viviendas, más del doble que en 2011, además de incrementar, en un 15,9%, la propiedad de viviendas procedentes de los desahucios”. La previsión del aumento de la morosidad de las entidades financieras, para 2013, se prevé superior al 16% que se alcanzó en el año 2012.

El Observatorio de las Comunidades de Propietarios tiene como objetivo analizar la situación actual de las deudas comunitarias por recibos impagados,  así como sus posibles soluciones en una situación de crisis que requiere una gestión profesional de la máxima cualificación que garantice los derechos de consumidores y usuarios en un bien tan esencial como es la vivienda.
 

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