Habrá que esperar todavía un tiempo, más o menos prolongado, a que se ponga en marcha el registro de inquilinos morosos contemplado en la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, aprobadas en junio de 2013. En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno responde que los Ministerios de Fomento y de Justicia están trabajando en la elaboración de la normativa de dicho Registro así como en el desarrollo de su sistema informático.
El objetivo buscado por el Ejecutivo es aumentar la seguridad del arrendador o propietario que decide alquilar su vivienda, local o cualquier otra clase de inmueble, sabiendo, tras consultar el registro, si la persona con la que va a firmar un contrato tiene o no alguna sentencia firme en la que resulte condenado por impago de rentas.
Este filtro, el de incluir únicamente en el fichero a titulares de una deuda cierta vencida exigible y que el impago haya sido reconocido o bien por un juzgado o por un árbitro porque las partes hayan acudido a un arbitraje, ha suscitado ciertas críticas por lo limitado de su alcance.
Otro de los requisitos que deberán cumplir esas deudas es que no tengan una antigüedad de más de seis años. Es decir, que no haya transcurrido más de ese tiempo desde la fecha en la que tenía que haberse hecho efectivo el pago.
A la información de estos inquilinos morosos registrados solo podrán acceder aquellas personas físicas o jurídicas que tengan un interés legítimo en obtener esa información, acreditando que van a alquilar un inmueble y por ello desean conocer si su potencial inquilino es solvente y fiable. Con esta sucesión de garantías, tanto para caseros como para inquilinos, se trata de respetar la Ley de Protección de Datos y de ofrecer al mercado información veraz.
Los inquilinos que sean incluidos como morosos tendrán derecho a saber que forman parte de ese registro. Está por ver si el objetivo de cazar a los morosos por sistema se logra. Algo que no será fácil pues se trata de personas que suelen apurar los plazos legales de manera que van enlazando un alquiler con otro hasta conseguir vivir en varias casas a lo largo de los años sin pagar apenas renta. Además, suelen burlar los pocos mecanismos de control que existen, con lo que los caseros, en muchos casos, desconocen los antecedentes de morosidad que acarrean.