Málaga. Los últimos datos del INE correspondientes al numero total de desahucios del año 2010 no dan tregua a los afectados por conflictos de alquiler, un total de 29.579 demandas de desahucio en todo el territorio nacional. No nos alivia pensar que la barrera psicológica de los 30.000 que se superaron el año anterior pone en evidencia un sistema judicial cargado de controversias entre propietarios e inquilinos que reflejan la gravedad del sistema social.
Si bien es cierto que el estudio criminológico que finalizamos el año pasado hacía referencia a la situación de morosidad recurrente en los inquilinos, nuestro parecer sobre el asunto es que son muchas las lagunas jurídicas y sociales de comportamiento que obligan a unos a convertirse en infractores (unos profesionales con perfiles específicos) y otros obligados por las circunstancias de un mercado poco flexible y favorecedor cuya ultima opción es la supervivencia familiar extrema.
Conocedores de esta problematica nuestra visión ha ido encaminada por una parte a compartir con ambas partes la problematica, buscando soluciones habitacionales para los infractores (ocupas, inquilinos morosos, desempleados…) a través de ayudas a ONG,s y los servicios sociales de los ayuntamientos, realizando tareas cercanas a la intervención social y reeducación social de los afectados, mientras que por otro lado hemos procurado asesorar a los propietarios en la mejora de sus gestiones patrimoniales, informándoles de actuaciones ilegales (cortes de luz, cambios de cerraduras, coacciones, acoso inmobiliario) con el ánimo que ambas proyecciones redundarán en píldoras productivas de cara a futuro.
El mercado inmobiliario esta plagado de conflictos en dos direcciones, unos y otros se necesitan para dinamizar el sector y la pugna de derechos en lugar de la búsqueda de intereses mutuos obliga a todos a analizar como afrontar el mercado de alquiler para que este sea seguro y conciliador incluso cuando se suceden los problemas (impagos, retrasos, incumplimientos) y para ello la negociación asistida a las partes y la mediación con los implicados, la paralización de demandas de desahucio para la recuperación de la propiedad y retirada de pleitos que favorezcan a las familias afectadas una marcha atrás en la insolvencia futura de estos, les devuelve no solo a la normalidad sino también a la dignidad social que requiere un sociedad adulta que puede enfrentar soluciones sin llegar a instancias judiciales y donde ellos mismos resuelven sus controversias, mejorándoles su calidad de vida.
Solidaridad y justicia son posibles gracias al acercamiento de la MEDIACIÓN y nuestros asistidos pueden dar fé de los resultados obtenidos en la practica real de los casos.
Propuestas:
1) Inclusión obligatoria de la mediación gratutita en conflictos inmobiliarios en servicios sociales comunitarios
2) Creacion de un observatorio de la vivienda y del alquiler a nivel nacional que ofrezca alternativas a los ciudadanos centrados en sus posibilidades economicas (evitar el sobreendeudamiento familiar)
3) Reeducación financiera de la ciudadania con programas de formación y guias sobre la vivienda y el credito/prestamos en la compra y las ayudas al alquiler.
4) Puesta en marcha de politicas de viviendas sociales para los nuevos nucleos familiares actuales.
5) Mayor oferta por parte de los bancos que ofrezcan un stock minimo de viviendas embargadas con ayudas sociales a los mas desfavorecidos y negociacion en caso de impagos hipotecarios con la posibilidad de alquiler con opcion a compra de los mismos.
6) Incorporacion de una mejor fiscalidad inmobiliaria (alquiler y compra) que favorezca el acceso al mercado inmobiliario de toda la población
7) Fomento del arbitraje y la mediacion en contratos de alquiler y alquiler con opcion a compra y posibilidad de incluir la mediacion antes del embargo y desahucio
8) Mejor cooperación entre administraciones para no retrasar ayudas y subvenciones a los solicitantes de vivienda (alquiler o compra)
Más Información: Informe sobre la encuesta nacional de conflictos de alquiler y sus conclusiones.
Silvia Velasco Navarro.
Experta en conflictos inmobiliarios.
