Las compras de casas por extranjeros en lo que va de año se ha incrementado un 35% en las principales localidades costeras del litoral mediterráneo, especialmente en Alicante, pero, con ser un porcentaje amplio, tiene toda la pinta de crecer todavía mucho más ante el aluvión de solicitudes, por parte de ciudadanos extranjeros no comunitarios, de comprar una vivienda a través de la aplicación de la nueva Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que permite conceder permisos de residencia a los inmigrantes no comunitarios si invierten una determinada cantidad de dinero, con un mínimo de 500.000 euros, en su segunda o primera vivienda.
El problema es que tres meses después de entrar en vigor la nueva ley todavía existen muchas dudas en la aplicación de algunas cuestiones que, en la práctica, están impidiendo que muchas operaciones terminen en el acuerdo definitivo.
Provia, la patronal de los promotores inmobiliarios alicantinos, ya le ha hecho llegar al Gobierno sus inquietudes sobre lo que está sucediendo, en el sentido de que se sienten abrumados por la petición de información por parte de inversores interesados en esta figura legal y las dudas de su aplicación en muchos puntos.
Las repercusiones fiscales de la figura de residencia por inversión para el comprador son uno de los puntos importantes que afectan a la entrada de inversores, dado lo intrincado e inflexible de nuestra ley de blanqueo de capitales.
En unas recientes jornadas técnicas organizadas por la patronal inmobiliaria alicantina el subdelegado del Gobierno, Alberto Martínez, explicaba el procedimiento de obtención de residencia y las condiciones que debe reunir el comprador, a la vez que dio respuesta a las dudas de los promotores.
También intervino el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, Delfín Martínez, quien destacaba el papel que desarrolla el colectivo para ofrecer garantías de seguridad y facilitar la inversión de extracomunitarios en España. Asimismo, participó el despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira para explicar las repercusiones fiscales de la residencia por inversión para el comprador.
El solicitante deberá acreditar disponer de una inversión en bienes inmuebles de 500.000 euros libre de toda carga o gravamen. La parte de la inversión que exceda del importe exigido podrá estar sometida a carga o gravamen.
La concesión del visado de residencia para inversores extranjeros tendrá efectos durante, al menos, un año. La autorización inicial de residencia para inversores tendrá una duración de dos años. Una vez cumplido dicho plazo, aquellos inversores extranjeros que estén interesados en residir en españa por una duración superior podrán solicitar la renovación de la autorización de residencia para inversores por el mismo plazo de dos años.
