La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Isabel Lozano, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado las ayudas al alquiler para el año 2020 que están dotadas con dos millones de euros.
Estas ayudas permitirán a 1.250 beneficiarios sufragar el 40% del precio de su alquiler durante todo un año, con la condición de que no paguen un arrendamiento superior a 600 euros al mes.
La concejala Lozano se ha referido a esta convocatoria de ayudas como «fundamental en un año tan difícil como ha sido el 2020 para muchas personas». Y ha recordado que se ha producido un incremento del precio máximo de alquiler subvencionable previsto en las cinco convocatorias habidas hasta ahora.
En la de 2016 fue de 450 euros; en 2017 se subió a 500 euros «para adaptarse a la realidad de aumento del precio de alquiler que sufría nuestra ciudad» y, ya en el resto de convocatorias, «el precio máximo de alquiler subvencionable ha subido hasta los 600 euros mensuales».
Lozano ha dicho que «esta convocatoria es una acción más, de todas las que tenemos en marcha, para ayudar a compensar la subida de precios en la ciudad de València y conseguir que más familias tengan un alquiler asequible. Se pone el foco en las personas que tienen menos ingresos y menos capacidad de pago. Asimismo, se trata de ayudas que han beneficiado principalmente a cinco colectivos muy concretos: jóvenes, familias numerosas, familias con miembros con diversidad funcional, personas mayores y familias monoparentales».
Así, hay 278 beneficiarios jóvenes de entre 18 y 34 años, 153 familias numerosas, 131 familias con miembros con diversidad funcional, 101 familias monoparentales y también 101 beneficiarios mayores de 65 años.
Además, hay 18 personas beneficiarias víctimas de violencia de género y 12 familias con la amenaza de un desahucio por impago del alquiler de la misma vivienda para la que se les ha concedido la ayuda.
Lozano ha señalado que el criterio que más prima a la hora de otorgar las ayudas es el económico. «Los ingresos de la unidad familiar o unidad de convivencia deben ser inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) multiplicado por tres, es decir, no pueden superar el máximo de 22.568 euros anuales», ha explicado.
