El Plan de Vivienda de las Illes Balears 2017-2020 considera Ibiza una prioridad en las medidas para afrontar la problemática de la vivienda en la isla. Prevé la construcción, a partir de 2018, de 206 nuevas viviendas de protección oficial y la ampliación de las ayudas para el alquiler con fondos autonómicos, que ahora pasarán a aplicarse a alquileres de hasta 900 euros y en todas las islas.
La presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol, y el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, han presentado el plan a representantes del Consell d’Eivissa y del Ayuntamiento de Ibiza.
Armengol ha comparado la gestión del actual Govern con la falta de políticas de vivienda durante la anterior legislatura: «es muy necesario que la política de vivienda sea continuada en el tiempo porque, si no, retrocedes mucho, y eso es lo que nos ha pasado con los 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular».
También ha subrayado que la mayor parte de inversión en vivienda nueva prevista por el Plan será en Ibiza, «porque es la isla con más problemas», ya que el alquiler es más caro que en las demás islas, entre otras problemáticas.
La política de vivienda de este Govern tiene la voluntad de perdurar en el tiempo, ya que plantea acciones a medio y largo plazo, y tiene la ambición de implicar a varias administraciones. Por otra parte, hace mención especial a las personas en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, hay que recordar que se han incluido medidas en la Ley de Vivienda como la obligación del Govern de facilitar ayudas económicas a las personas vulnerables en caso de que no se les pueda facilitar un alquiler en una vivienda del Ibavi.
Asimismo, la modificación de la Ley de Turismo incluye el concepto de emergencia habitacional para tomar medidas correctoras donde haga falta. Por eso, el presupuesto de 2018 incluye 2,5 millones de euros para acciones ligadas a la emergencia habitacional.
Con respecto a la implicación de las instituciones, la futura Ley de la Vivienda habilitará a los consells insulars para que puedan actuar en materia de exclusión residencial y vulnerabilidad habitacional y para que puedan adquirir suelo y edificaciones para esta finalidad.
Armengol y Pons han aprovechado para hacer balance del gran incremento de beneficiarios de ayudas al alquiler, que se han multiplicado por 4,5 respecto del año 2015, cuando hubo tan sólo 62. Así, en el año 2017, 280 personas recibirán una ayuda para el alquiler en Ibiza. De estas ayudas, 170 provienen de los fondos estatales (que subvencionan alquileres de hasta 600 euros mensuales) y 110 provienen de los fondos autonómicos (que amplían estas ayudas para alquileres de hasta 800 euros al mes).
Con respecto a la construcción de viviendas de protección oficial, que se destinarán al alquiler, este 2018 se iniciará la construcción de cuatro promociones en la ciudad de Eivissa, que supondrán 206 pisos nuevos y una inversión de 17,8 millones de euros. Con estas cuatro promociones se incrementará un 275% el número de viviendas de protección pública de la isla de Ibiza, donde actualmente hay 75.
Ahora bien, la ampliación del parque de viviendas tiene que ser mayor, ya que además de la nueva construcción, se toman otras medidas. Por una parte, el Govern potencia la rehabilitación gratuita de viviendas privadas a cambio que los propietarios los cedan temporalmente al Ibavi para alquilar.
Precisamente, en Ibiza se han rehabilitado las tres primeras viviendas a través de este sistema de ayudas. Por otra parte, la nueva Ley de Vivienda obligará a los grandes tenedores a ceder viviendas que haga más de 2 años que están desocupadas.
Finalmente, el Govern ha introducido en los presupuestos de 2018 una batería de medidas fiscales que tienen como objetivo incentivar el alquiler en modalidad de residencia habitual y que tendrán efecto en las declaraciones de la renta de 2017, como el límite de deducción para determinados colectivos (menores de 36 años o familias numerosas), que pasa de 300 a 400 euros, o la deducción del 75% en seguros para cubrir el impago del alquiler, con un máximo de 400 euros anuales, entre otras medidas
