Llegan los primeros cambios de relieve en el ámbito de la vivienda de la Comunidad de Madrid. El Gobierno presidido por Cristina Cifuentes ha decidido poner fin al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
Lo ha hecho tras integrar el organismo autónomo con el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS). Adiós al Ivima, hola a la nueva Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que aunará los objetivos de las dos instituciones que asume.
Han sido más de tres décadas, 31 años en los que el Ivima, el mayor promotor público de España, ha facilitado vivienda protegida a más de 72.000 personas. Un organismo autónomo que cesa en sus funciones que no tiene nada que ver con el que nació en 1984.
Lo hizo entonces para hacer frente a las demandas organizativas y funcionales derivadas de las transferencias del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de vivienda. Se procedió a la transformación de la Fundación Provincial de la Vivienda en el Organismo Autónomo de carácter comercial Instituto de la Vivienda de Madrid, entonces adscrito a la Consejería de Política Territorial.
En el marco del cambio de la organización del Estado, la creación del Ivima sirvió para formular planes y programas propios y específicos de la Comunidad de Madrid, y, paralelamente, el diseño de una efectiva política de vivienda pública en connivencia con la consolidación de las distintas medidas de fomento de las iniciativas privadas que operaban en el sector de la vivienda. La nueva Ivima exigía, asimismo, acomodar la normativa de vivienda y edificación a las necesidades sociales y económicas de la población.
En los últimos años, las actuaciones que los responsables de la Comunidad de Madrid han tenido en relación con el Ivima no han estado exentas de polémica. De hecho, alguna de esas actuaciones, como la venta de casi 3.000 pisos protegidos en el alquiler al fondo Goldman Sachs, está siendo investigada en los tribunales por la supuesta malversación de caudales públicas que la operación pudiera haber contraído.
Este último polémica venía después de un año, el 2012, en el que el Ivima había gestionado 24.111 viviendas, 1.000 locales y 19.947 garajes. Y se encontraban en construcción 2.125 viviendas en alquiler y otras 2.506 unidades en alquiler con opción a compra. Además, había 6.707 viviendas en fase de proyecto o construcción, y las actuaciones en materia de vivienda por parte del Ivima fueron de 13.509.
