La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha modificado «por imperativo del Ministerio de Fomento» el articulado de la orden de marzo de ayudas al alquiler para familias con escasos recursos, después de que el Gobierno haya amenazado con no suministrar los fondos necesarios para financiar dicha orden, acogida al Plan Estatal de Vivienda.
La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, ha denunciado que «el Gobierno haya utilizado a los ciudadanos para obligarnos a aceptar sus condiciones, pues se trataba de decir sí a sus condiciones o no destinar a Andalucía el dinero necesario para ayudar a familias que lo necesitan», una decisión que, en su opinión, «deja clara cuál es su forma de gobernar y sus principios como servidores públicos».
La normativa andaluza salió publicada el 3 de marzo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con dos artículos que, a posteriori, el Estado exigió modificar, en concreto, el 2.1 y el 4.4 a). En el primero de ellos, el Gobierno consideraba que imprimía un «carácter supletorio a la normativa estatal», argumento que «le fue explicado y negado en la Comisión Bilateral celebrada el 26 de mayo, si bien han insistido en la obligación de modificar dicho artículo», ha informado la consejera.
En el segundo caso, «donde atacan al fondo de la orden -ha continuado- el Gobierno nos exigía que los beneficiarios estuvieran al día en el pago a Hacienda y a la Seguridad Social, un concepto que hasta la propia ley de subvenciones atiende con excepciones, las mismas a las que nosotros nos acogimos para redactar la orden».
La norma del 3 de marzo, según ha relatado Serrano, eximía de estar al día en el pago de tributos a los posibles receptores de ayudas, «pues se trataba de apoyar económicamente a familias con escasos recursos, muchos de ellos en situaciones difíciles que podían haberle provocado contraer alguna deuda».
No obstante, la consejera ha argumentado que «Andalucía no va a dejar que se pierdan estas ayudas y las aportaciones económicas de las dos anteriores, pues Madrid amplió su amenaza de no entregar los fondos a ninguna de las normas que ya habíamos publicado, acogidas al Plan Estatal», unos 40 millones de euros.
Serrano ha explicado que ya se ha notificado el Gobierno la intención de cambiar ambos artículos, si bien también se le ha comunicado que se hace «por imperativo y reservándonos nuestro derecho a iniciar las acciones que corresponden contra la Administración General del Estado». «Ahora no tendrán excusas para entregar los fondos que le pertenecen a Andalucía, pero la lucha por nuestros derechos la continuaremos», ha dicho.
