Madrid. La presión de los promotores inmobiliarios y las dificultades económicas de las administraciones públicas se han juntado en la Comunidad Valenciana para dar cuerpo a una medida que se venía mascando desde hace tiempo, la de poder vender las viviendas protegidas como si fueran libres, quitando las ataduras legales ligadas a la venta de esas viviendas sociales.
El texto de la enmienda introducida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2013 lo deja meridianamente claro, al señalar que el número de viviendas protegidas planificadas en suelos urbanizables para construir en los próximos años resulta muy superior a las ayudas públicas que se tendrían que conceder, sobre todo cuando en el mercado libre existen precios inferiores. Además, supondría introducir una clara distorsión de la actividad constructora y, por ende, del empleo.
Para permitir esta modificación y eludir los requisitos que existen para vender estas viviendas protegidas, como la existencia de ayudas públicas o la necesidad del comprador de estar empadronado en el lugar donde se ubican las casas, la enmienda diferencia entre el domicilio habitual y permanente, por un lado, y la vivienda principal, por otro.
Así se establece, en el texto que acaba de ser aprobado por la Comisión de Economía de las Cortes Valencianas, que hay que modificar la regulación “de manera que se diferencie aquélla que es objeto de ayudas públicas directas, que se centrarán en las que se destinen a domicilio habitual y permanente, de las que no sean objeto de tales ayudas en las que deja de exigirse específicamente tal requisito”.
La medida viene a intentar arreglar otra de las gestiones a todas luces fallidas que los responsables del Ejecutivo valenciano han hecho mal en los últimos años. La cosa viene de atrás. Desde que en 2003 se empezaron a subir los precios de la vivienda protegida con la excusa de incentivar a los promotores ante la nula disposición a participar en la construcción de viviendas protegidas, lo que propició que se declararan las capitales de provincia como municipios singulares. La consecuencia fue la subida de precios de las VPO de un 20 % en Valencia y un 10 % en Alicante y Castellón.
En 2004, se volvió a repetir. Y, en 2007, un nuevo pacto entre los promotores y la Generalitat elevó el precio máximo de la VPO a 1.164 euros el metro cuadrado para todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana, excepto las capitales de provincias donde el precio máximo se elevaba a 1.800 euros el metro cuadrado.
