Madrid. Cuando las arcas municipales no tienen un euro para cubrir algunas de las necesidades básicas de los ciudadanos y la cobertura, por parte de los propios Ayuntamientos, se antoja inviable, hay que echarle imaginación para tirar hacia adelante. En Valencia le han dado un giro al tema de la promoción de vivienda protegida.
Y así, dentro del anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que acaba de ser aprobado se introduce un mecanismo que permitirá poner en el mercado viviendas de protección oficial a precios más asequibles y en régimen de concesión, como ocurre con muchos de los aparcamientos públicos.
Se trata de que los Consistorios cedan las parcelas a un promotor para que construya los pisos de protección a cambio del pago de un canon. La cesión permite rebajar hasta un 25% el precio de la vivienda. En alguna comunidad autónoma, como el País Vasco, u otros países, como Holanda, esta práctica está muy extendida.
Por su parte, el promotor tendrá vía libre para vender a los interesados el correspondiente derecho de superficie. Normalmente, como suele pasar en estos casos, la concesión se otorga por un plazo prolongado de varias décadas. En el momento de su vencimiento, el propietario podrá optar a comprar la vivienda u obtener una recompensa por las mejoras que, en su caso, haya podido realizar en el transcurso de los años.
Más allá del tema de la construcción de viviendas protegidas, con esta nueva norma legal se busca agilizar la aprobación de planes urbanísticos para evitar que su tramitación se eternice durante años. En concreto, que no pase más de un año para el inicio de las obras de urbanización desde el momento de la aprobación. Para ello, la Conselleria de Infraestructuras marcará a los municipios los máximos a los que puede aspirar a través de la memoria ambiental y a partir de este documento será el Ayuntamiento el que desarrolle el plan al detalle.