El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco asumirá la gestión de 10 pisos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a alquiler social, según establece el convenio suscrito.
La cesión de uso de las viviendas por parte de la Sareb contempla un periodo de cuatro años prorrogables y tiene la finalidad de atender las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de los derechos reconocidos por la Ley de Vivienda de 2015.
Los pisos cedidos pasarán a ser gestionados por la sociedad pública del alquiler Alokabide, y se encuentran en municipios del País Vasco donde existe una fuerte demanda de vivienda social. Concretamente, están ubicados en Barakaldo, Sestao, Basauri, Galdakao, Vitoria-Gasteiz, Oyón, Araia y Peñacerrada.
La colaboración con la Sareb se enmarca en la política del Departamento de Vivienda, que dirige Iñaki Arriola, de promover un parque público suficiente de vivienda de alquiler social, utilizando entre tanto otros resortes, como la captación de pisos privados desocupados para a tender la demanda. El acuerdo actualiza uno anterior del mismo tenor suscrito por ambas partes en julio de 2015 y que no llegó a materializarse.
Por la cesión en usufructo de cada una de las viviendas de la Sareb recibirá de Alokabide una cantidad fija mensual de 125 euros, impuestos excluidos, según se establece en el convenio.
Por su parte, dado que la finalidad de la cesión es paliar el problema social de la escasez de oferta de vivienda en alquiler asequible, Alokabide se compromete a arrendar los pisos con los criterios que ya aplica para el alquiler social.
El importe de la renta no podrá ser inferior a 150 euros mensuales ni superior a 400 euros; y, en cualquier caso, el importe del arrendamiento no superará el 30% de los ingresos netos actuales de la unidad familiar adjudicataria.
Los suministros de luz, agua y gas serán dados de alta por las personas arrendatarias o, en su caso, por Alokabide, mientras que los consumos deberán ser asumidos por aquellas.
El convenio tiene una duración de cuatro años y podrá prorrogarse por periodos de un año por acuerdo expreso de las partes. En el caso de que, a su término, la Sareb decida recuperar el uso de la vivienda, se compromete a mantener el arrendamiento que en esa fecha esté vigente hasta su finalización.
