En 2012 saltaron todas las alarmas cuando las investigaciones del Banco Central Europeo dejaban entrever que el 60% de los préstamos a empresas no financieras estaba sujeto a tipos de interés variable, con un valor de unos tres billones de euros; y que cerca del 40% de los hogares también lo tiene con tipo variable, normalmente vinculado al Euribor. Y posteriormente, algunas entidades financieras reconocían la manipulación de los índices en busca de un mayor beneficio propio y en detrimento de los clientes.
Una estafa en toda regla que está siendo investigada y que, de cara al futuro, la Comisión Europea quiere atajar. Con ese objetivo acaba de aprobar el proyecto de Reglamento comunitario que convierte el cálculo de los índices en una actividad regulada y no autorregulada como hasta ahora. Por primera vez, los proveedores de índices tienen que estar autorizados y supervisados.
La supervisión correrá a cargo de las autoridades nacionales bajo la coordinación de la Autoridad europea de valores y mercados (AEVM).
Los índices que afecten a un mercado de más de 500.000 millones de euros se supervisaran de manera supranacional, con un colegio de reguladores bajo el control del nuevo órgano, que dispondrá de un voto vinculante para resolver posibles discrepancias entre los países.
Además, se exigirá a las entidades que participan en el cálculo de los índices una metodología transparente y fiable; unos sistemas de control interno verificables; y una política adecuada para resolver los posibles conflictos de interés de sus empleados, en particular, los de mayor responsabilidad. La violación de algunas de esas normas podrá castigarse con multas de hasta el 10% de los ingresos anuales de banco. Cientos de millones para las entidades y hasta 500.000 euros para los empleados que ayuden a canalizar la presunta violación.
Todo esto sobre papel. Ahora queda lo más difícil. Que se apruebe, tanto por el Europarlamento como por cada uno de los Estados Miembros en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Algunos, no lo duden, presionados por las propias entidades afectadas, harán lo posible para que esta norma no llegue a entrar en vigor o, si lo hace, lo haga de una manera menos traumática. Se busca celeridad para que llegue su aprobación antes de que, en mayo de 2014, finalice el actual mandato legislativo de la Eurocámara.
