sábado, 2 marzo 2024

Madrid licitará antes de abril la Ciudad de la Justicia cuyas obras concluirán a finales de 2028

La Comunidad de Madrid se prepara para licitar la ambiciosa Ciudad de la Justicia antes de abril, un proyecto que promete revolucionar el panorama judicial y urbanístico de la capital española. Con un horizonte de finalización fijado para finales de 2028, este complejo se erige como un símbolo de modernidad y eficiencia, destinado a concentrar en un único enclave las múltiples sedes judiciales dispersas por Madrid, facilitando así el acceso a la justicia para más de 30.000 personas diariamente.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha detallado que el proyecto se ejecutará por etapas, permitiendo el traslado gradual de los órganos jurisdiccionales a medida que avancen las obras. Esta estrategia no solo optimiza el proceso constructivo sino que también representa un ahorro significativo en concepto de alquileres y gastos operativos. Este enfoque pragmático ha permitido adelantar la fecha de finalización de las obras, originalmente previstas para el primer semestre de 2030, reflejando el compromiso del gobierno regional con la agilización y eficiencia administrativa.

Ubicada en el barrio de Valdebebas, la Ciudad de la Justicia abarcará aproximadamente 236.000 metros cuadrados sobre el nivel del suelo y 198.000 metros cuadrados subterráneos, distribuidos en un terreno de 132.000 m². Este diseño no solo supera en un 61% el espacio actualmente destinado a las instituciones judiciales en Madrid sino que también establece un precedente en la modernización de las infraestructuras judiciales en España. La integración de tecnología digital y la eficiencia energética son pilares fundamentales de este proyecto, que busca ofrecer espacios más accesibles y sostenibles.

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La inversión estimada para la realización de este proyecto asciende a 680 millones de euros durante el período 2024-2028, con una asignación presupuestaria de casi 23 millones de euros para el año en curso. La administración regional ha decidido gestionar directamente la licitación y ejecución de la Ciudad de la Justicia, dividida en dos lotes y cuatro fases, con la adjudicación de los contratos prevista para el próximo verano y el inicio de las obras durante el primer trimestre de 2025.

Este proyecto no solo tiene implicaciones significativas para la administración de justicia en Madrid, sino que también influye en el desarrollo urbano y económico de la capital. La construcción de un complejo de tal magnitud en Valdebebas contribuirá a la revalorización de la zona, estimulando la inversión y el desarrollo de infraestructuras complementarias. Además, el enfoque en la sostenibilidad y digitalización de las instalaciones judiciales refleja una evolución hacia modelos de gestión pública más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

La consolidación de todas las sedes judiciales en un único complejo no solo facilitará el acceso y la gestión de los servicios de justicia sino que también promoverá una mayor cohesión entre los distintos órganos jurisdiccionales. Esta integración se traduce en una mayor agilidad en los procesos judiciales y una mejora en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.

Además, el proyecto de la Ciudad de la Justicia supone un desafío y una oportunidad en términos de gestión de proyectos y construcción. La ejecución por fases permite una transición ordenada y minimiza las interrupciones en el servicio, mientras que la gestión directa por parte del gobierno regional asegura un control más estricto sobre la calidad, los costos y los plazos. Esta modalidad de gestión directa puede servir como modelo para futuras iniciativas de infraestructura pública, ofreciendo lecciones valiosas sobre la eficacia de la planificación y ejecución de grandes proyectos.

El impacto de la Ciudad de la Justicia va más allá de los límites de Madrid, estableciendo un referente nacional en cuanto a la modernización y centralización de servicios judiciales. Este proyecto refleja una visión moderna de la administración pública, donde la eficiencia, la sostenibilidad y el acceso a servicios de calidad se sitúan en el centro de las políticas de desarrollo urbano y judicial.

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