Lo del nuevo aeropuerto de Murcia no para de encontrar trabas para su definitiva apertura. Ahora, con la apertura del plazo para seleccionar al nuevo operador que explotará el nuevo aerórdomo, todo parecía definitivamente solucionado.
Pues no. Aena ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) el pliego del concurso al considerar que el proceso abierto es un «coladero» para la entrada de operadores sin experiencia. Y, además, en el recurso, el gestor aeroportuario entiende que sufre discriminación tarifaria, ya que, mientras está obligado a un marco tarifario por ley, el resto de candidatos podrán aplicar con libertad precios a las aerolíneas.
Para participar en la licitación hay que demostrar la generación de un negocio de 10 millones de euros al año, la generación de 4 millones de euros anuales como prestador de servicios aeroportuarios y disponer de un capital social inicial de 2,5 millones.
Si el TACRC admite a trámite el recurso se producirá una suspensión automática de la licitación hasta que se resuelva el caso. Los interesados tienen hasta el próximo 2 de mayo para presentar sus credenciales para ser invitados a participar en el concurso.
A pesar del revés que supone el recurso de Aena, el consejero de Fomento e Infraestructuras en funciones del Gobierno de Murcia, Pedro Rivera, aseguraba que la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales «no afecta a la presentación de ofertas por las empresas interesadas en la gestión y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia» y animó a los licitadores a que presenten la documentación para participar en este proceso para la prestación de este servicio público.
Rivera señalaba que el proceso de licitación del aeropuerto, que se encuentra en su primera fase de presentación de solicitudes, «continúa su curso» y que «las empresas pueden seguir presentándolas para participar en la licitación» hasta el próximo día 2 mayo, fecha en la que finaliza este trámite de la primera fase.
Y remarcaba que «se trata de una medida provisional, no definitiva, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales» y subrayó que «es bastante habitual en los procedimientos de contratación administrativa», dado que la Ley prevé la revisión de este tipo de contratos «con el fin de aclarar y dar las máximas garantías a los licitadores y a los ciudadanos en la gestión de los servicios públicos».
