El Bloque Portuarios, inmueble construido en el Cabañal en la década de los cincuenta para los trabajadores del Puerto de Valencia, tendrá que ser objeto de una expropiación, una rehabilitación, o una demolición y posterior reedificación, según el estudio técnico y jurídico impulsado por el Ayuntamiento. Así lo ha expuesto el concejal de Urbanismo, Vicent Sarriá, horas después de informar al respecto a los propietarios de las 168 viviendas de este edificio, donde se encuentran 91 viviendas privadas y 77 públicas.
«Se trata de un problema heredado, complejo desde el punto de vista técnico, jurídico y social, que, además, tenemos que resolver antes de aprobar el Plan Especial del Cabañal porque podría comportar un cambio del planeamiento de esa zona», ha explicado el concejal antes de dar cuenta de las conclusiones «del riguroso estudio que ha desarrollado un equipo multidisciplinario a instancias de AUMSA, la empresa de Actuaciones Urbanas de Valencia».
«En este edificio conviven personas con diferentes condiciones, unos en calidad de propietarios, otros como inquilinos. También hay viviendas ocupadas de forma ilegal. De hecho, de las 117 estancias habitadas, 52 lo están de esta manera», ha concretado Vicent Sarriá, que además ha aclarado que del total de viviendas públicas 36 de son de la Generalitat, 34 de la Sociedad Plan Cabañal y 7 del Ayuntamiento.
En cuanto a las soluciones propuestas por los profesionales, que han comprobado con estudio y pruebas de laboratorio «daños estructurales de importancia en el edificio y con unos valores de resistencia por debajo de los contemplados en la legislación», hay tres alternativas, cada una con un gasto y unas medidas diferentes para llevar adelante la propuesta.
La de la expropiación, «que sería simplemente aplicar el planeamiento del anterior equipo de gobierno, que contemplaba el derribo de este edificio», supone un gasto de 9,6 millones de euros. Si hablamos de rehabilitar, tenemos que considerar un gasto de más de 14,3 millones de euros.
«Con la demolición y reedificación, en principio, con la edificabilidad que se ha estimado ahora, pero que, lógicamente, en virtud del planeamiento que aprobemos en el mencionado plan especial del Cabañal podría ser menor o mayor y, por lo tanto, es una cantidad que se podría en todo caso ajustar, pero hablamos de 13,7 millones de euros».
En los dos casos habría que descontar la posibilidad de acogerse a ayudas estatales del Plan de Vivienda que, además, como es sabido, en este caso serían mayores para la reedificación que para la rehabilitación».
Vicent Sarriá, que ha manifestado su preferencia por esta última alternativa, ha añadido que el Govern de la Nau, junto al ejecutivo de la Generalitat, «tendrá que consensuar una decisión, y en cualquier caso, con propuestas para ayudar los propietarios y residentes legales para afrontar los gastos».
