Compromiso para adaptar los convenios de rehabilitación y reposición de barrios en Canarias

La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha calificado de positivo el compromiso adoptado por parte del Ministerio de Fomento en la última Conferencia Sectorial de Vivienda, de celebrar reuniones Bilaterales para analizar con las Islas la adaptación de los convenios de rehabilitación y reposición de barrios, en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2013-2016.

Rojas recuerda que estos acuerdos podrían paralizarse tras la puesta en marcha de dicho Plan, ya que el Ministerio no va a respetar los convenios firmados aludiendo a que no admitirá los reajustes de anualidades y no pagará proyectos que no acaben antes de 2016, lo que significa echar por tierra los convenios que por determinadas circunstancias han tenido retrasos".

Esta situación podría afectar a 32 de los 46 convenios firmados en los planes 2005-2012. En concreto, se verían afectadas un total de 4.206 familias. Por un lado, 488 familias a las que en la actualidad se está reponiendo el hogar y el barrio, y por otro, en cuanto a rehabilitación, a otras 3.718 familias.

La consejera reiteró que el compromiso por parte del Estado de intentar buscar una solución "es esperanzador, ya que hemos pasado de la más absoluta incertidumbre a un nuevo escenario de diálogo, en el que esperamos poder desbloquear y avanzar sobre los convenios".

Rojas señala que estos convenios son de suma importancia, no solo porque mejoran las viviendas de las familias con menos recursos, sino porque también generan empleo y riqueza.

"Los proyectos de reposición y rehabilitación ¿añade- son proyectos muy complejos que presentan los ayuntamientos para recuperar barrios muy deteriorados por el paso del tiempo y ocupados por familias en una grave situación económica y social".

"Algunos afectan a gran número de viviendas y se han distribuido en distintas fases y otros, los de reposición, lo que significa tirar las viviendas porque están muy deterioradas y volver a construirlas, tienen un coste adicional, al margen de la propia obra, ya que se debe realojar a las familias, además familias que suelen estar integradas por personas mayores en su mayoría a quienes se debe intentar causar el menor trastorno posible".

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