Canarias. El director de Puertos Canarios, Juan José Martínez, se ha reunido con los responsables del área de Dominio Público de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para alcanzar un acuerdo que permita los usos comerciales previstos en el proyecto presentado por la Comunidad Autónoma en el nuevo puerto del Puerto de la Cruz, en Tenerife.
El proyecto, cuya construcción supondrá para la comarca norte de Tenerife una inversión mínima de 70 millones de euros, se podrá realizar tal y como había planteado el Gobierno de Canarias en el proceso público abierto para la concesión de las obras.
En el encuentro se abordaron las condiciones y reparos que Costas ha puesto al proyecto canario en numerosas ocasiones y que ha generado un considerable retraso en su puesta en marcha. De hecho, se produce después de que el Consejo de Administración de Puertos Canarios, presidido por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, decidiera interponer un recurso contencioso-administrativo, para tratar de desbloquear al menos la edificación de una zona comercial en el área de tierra y de las plazas de aparcamiento suficientes.
Después de varios años en esta situación de bloqueo, la Comunidad Autónoma canaria optó por sacar el puerto la concesión administrativa, de tal manera que la empresa que se encargase de construir el puerto, valorado en un mínimo de 70 millones de euros, obtendría a cambio la explotación tanto de la lámina de agua, como de las instalaciones terrestres, durante los próximos 30 años. El proyecto sacado a concesión administrativa contempla más de 500 atraques deportivos y 50 atraques pesqueros; una superficie para actividades comerciales y de ocio de 10.000 metros cuadrados; y un aparcamiento de 1.700 metros cuadrados.
Sin embargo, en el último informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, no sólo no se autorizan todos los usos que recoge el proyecto canario, sino que entiende que actividades como la lavandería, un mini-market o una oficina de alquiler de coches, entre otras, no están vinculadas a las actividades marinas, cuando en la gran mayoría de puertos de todo el Estado existen actividades muy similares.
Ante esta situación, y las reiteradas negativas a aceptar las tesis de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Administración de Puertos Canarios acordó tomar la vía del contencioso-administrativo, para lograr que se autoricen unas actividades complementarias que hagan viable para la iniciativa privada la construcción del puerto, tal y como estaba previsto.
Con la decisión, por la que la Dirección General de Costas se compromete a autorizar dichos usos complementarios, el proceso para la concesión de las obras del puerto de Puerto de la Cruz sigue en marcha, con el atractivo para los inversores de que podrán hacer rentable su inversión en el plazo previsto.
