Gerard Duelo Ferrer, presidente del Consejo General de COAPI de España; Jesús Martín López-Samaniego, presidente del COAPI de S.C. de Tenerife y Francisco Javier Martín Ramiro, director general de la Vivienda y Suelo participaron en un webinar para analizar el plan estatal de acceso a la vivienda.
Duelo apunta que no reclaman medidas únicamente para la profesión de los inmobiliarios, «sino que buscamos una protección del ciudadano que ha quedado desprotegido con este anteproyecto de ley».
El nuevo anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentado el pasado martes después de ser aprobado por el Consejo de ministros deja «decepcionados e indignados» a los agentes de la propiedad inmobiliaria, según apunta Gerard Duelo Ferrer, presidente del Consejo General de COAPI de España.
En un encuentro con medios Duelo ha expuesto las conclusiones extraídas después de la reunión mantenida con Francisco Javier Martín Ramiro, director general de la Vivienda y Suelo. Sobre el anteproyecto, ha apuntado que «si bien sí que introduce algunos elementos para regular la compraventa, no dice nada sobre las personas que intervienen», un elemento que para Duelo es primordial.
Sobre este aspecto, el presidente considera que «se ha omitido algo que es básico para la defensa del consumidor, definir como es un buen profesional. No estamos de acuerdo en que esta ley excluya unas cuestiones que ayuden a definir el perfil del buen profesional inmobiliario. No hay un registro para ser profesional del sector inmobiliario, la profesión de intermediarios la puede hacer cualquiera y eso no debería ser así».
Jesús Martín López-Samaniego, presidente del COAPI de S.C de Tenerife, distingue dos carencias claves en el anteproyecto de ley presentado, «no aborda las dificultades para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda y la no definición del perfil de los asociados».
Duelo ha destacado que las medidas que reclaman no son únicamente para la profesión de los inmobiliarios, sino que «buscan una protección del ciudadano que ha quedado desprotegido con este anteproyecto de ley».
El anteproyecto de ley diferencia a los grandes tenedores por la cantidad de inmuebles de los que disponen en un mismo municipio. Para Montserrat Junyent, asesora jurídica del Consejo General de los COAPI de España, «poner el límite en el número de viviendas que se poseen no deben ser el factor para tener en cuenta si alguien es gran tenedor o no lo es. Puede haber un gran tenedor con más de 10 viviendas que no sea especulativo y puede ser que haya alguien con menos de 10 viviendas que sí que lo sea».
José Merino, asesor jurídico del Consejo General de los COAPI de España apunta la necesidad de tener «unas miras mucho más amplias para garantizar a propietarios e inquilinos sus derechos constitucionales de la vivienda. Lo que no se puede hacer es constantemente prohibir los desahucios y, en algunos casos incentivar la ocupación».
Duelo ha afirmado que se van a reunir con todo el arco político para poder conseguir plantear modificaciones al anteproyecto de ley. Unas modificaciones que, según apunta López-Samaniego, «esperamos que se tengan en cuenta».
