El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado el Informe Anual 2018 a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz.
El año pasado, la Institución tramitó 17.697 expedientes, entre quejas (16.998), investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (327).
A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.
En materia de vivienda, en 2018 se recibieron quejas por problemas relacionados con la adjudicación de viviendas de protección pública, ayudas en materia de vivienda, o por la venta de vivienda de protección pública a empresas privadas.
A lo largo del período marcado por la crisis económica y en función de las medidas de austeridad adoptadas a partir de 2010, se ha vivido un retroceso en política de vivienda que nos ha conducido a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como este.
En opinión del Defensor «no ha habido política de vivienda» y esto ha derivado en la realidad actual en la que las administraciones no cuentan con viviendas suficientes para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales más urgentes, como desahucios de unidades familiares con menores de edad.
La Institución ha abogado por un cambio en la política de vivienda, pues es urgente formular una oferta pública a favor del alquiler social que debería destinarse a los grupos que más han sufrido los efectos de la crisis económica, como son las familias con menores a cargo o con personas con discapacidad; mujeres solas con cargas familiares; familias constituidas por personas en situación de desempleo o que perciben una baja retribución; jóvenes que no han podido alcanzar la emancipación residencial y mujeres víctimas de violencia de género.
En este contexto, el Defensor ha pedido a las administraciones que se doten de recursos suficientes y busquen nuevas vías, más rápidas y eficaces, para atender las situaciones de emergencia social, sobre todo cuando hay menores implicados. Son casos que requieren soluciones inmediatas ya que la necesidad de vivienda y urgencia es mayor.
La Institución también ha formulado recomendaciones para que comunidades autónomas y ayuntamientos creen una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Demandantes de vivienda que permita aprovechar las sinergias entre administraciones.
Además, el Defensor inició en 2018 una investigación con los ministerios de Fomento y de Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios.
La Institución ha reclamado que ambos departamentos analicen en profundidad y de manera coordinada el Dictamen del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que en 2017 determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa.
Además, el Defensor ha pedido que se tomen en consideración tanto las recomendaciones particulares como las recomendaciones generales del Comité.
Asimismo, preocupan especialmente a la Institución las consecuencias de la venta de vivienda pública a empresas privadas. Por ello, ha pedido que se creenprocedimientos específicos de adjudicación de vivienda protegida para los afectados.
