La Fundación FAES ha publicado un NUEVO PAPELES en el que se subraya la necesidad de actuar de forma decidida en el control del gasto público para lograr una consolidación fiscal exitosa, lo que pasa por profundizar en la reforma de la Administración y en el control del déficit autonómico. El autor del documento, el profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo Santiago Álvarez García, apunta a la indispensable adopción de medidas discrecionales adicionales por un importe de 5.000 millones de euros para cumplir el objetivo del 3,1 por ciento.
«La eliminación del déficit público es una necesidad imperiosa para nuestra economía, que acumula una deuda pública del 100 por ciento del PIB, dejando al margen el riesgo de que un nuevo incumplimiento acarree una sanción por parte de la UE», afirma Álvarez García. A su juicio, «una consolidación fiscal exitosa requiere actuar de forma decidida en el control del gasto público, que debería tener una evolución inferior a la del PIB nominal, tal y como preveía el Programa de Estabilidad 2015-2018». Sin ello, asegura, «es difícil que consigamos volver a la senda del equilibrio presupuestario».
El autor subraya que «en el proceso de consolidación presupuestaria puesto en marcha a partir de 2009, el incremento en los ingresos ha tenido una contribución mayor (de casi seis puntos del PIB) que el recorte de los gastos en la reducción del déficit público». «Es necesario profundizar en la reforma de la Administración y en el control del déficit de las Comunidades Autónomas, que son el nivel de gobierno en el que las desviaciones sobre los objetivos de déficit son más acusadas», afirma.
CUMPLIR EL OBJETIVO
El nuevo Papeles de FAES repasa las políticas de consolidación presupuestaria adoptadas desde el comienzo de la crisis y las principales medidas que se plantean para cumplir el objetivo de vuelta al equilibrio presupuestario en los próximos ejercicios. «La crisis ha tenido un efecto demoledor sobre las cuentas de las Administraciones Públicas de nuestro país. Atrás quedaron siete años de equilibrio y superávit presupuestario, fruto del importante esfuerzo realizado entre 1996 y 2000 para acceder a la Unión Económica y Monetaria», subraya Álvarez García, que recuerda que «en 2007 España tenía unas cuentas públicas saneadas, con superávit presupuestario de 2 puntos del PIB y una deuda pública en el entorno del 35 por ciento del PIB».
En este sentido añade que «en dos años, el déficit del conjunto de las AA.PP. alcanzó un récord del 11,02 por ciento del PIB», achacable a su juicio a «una pésima valoración de la situación económica por un gobierno empeñado en negar la crisis, la adopción de políticas discrecionales en la vertiente del gasto público, el hundimiento de la recaudación tributaria y el crecimiento del gasto social».
A partir de 2009, señala, «los cambios impositivos supusieron un incremento recaudatorio de algo más de 40.000 millones de euros; la contribución del gasto público ha sido menor: en 2014 y 2015 sigue siendo mayor que el que se registraba en 2007». «Con estos datos es imposible hablar, como se sostiene desde ciertas posiciones políticas, de un desmantelamiento del sector público o de la existencia de un ‘austericidio'», apunta.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
Álvarez García afirma asimismo que «la UE culpa de las desviaciones del objetivo de estabilidad al incumplimiento del esfuerzo fiscal previsto y al hecho de que no se haya producido un ahorro permanente en el gasto de las Administraciones central y autonómica del 0,4 por ciento del PIB».
Por ello, subraya, «las previsiones muestran la necesidad de realizar un ajuste por importe de 7.700 millones de euros en 2017 para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1 por ciento del PIB. En caso contrario, se llegaría al 3,8 por ciento. Si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, se precisaría la adopción de medidas discrecionales por importe de 5.000 millones de euros». Y sugiere que «el Gobierno debería continuar la reforma fiscal y eliminar definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio».
